Las propuestas de ajustes tarifarios que presentaron las distribuidoras de gas de cara a las audiencias públicas de la próxima semana y el quite de colaboración decidido por el gremio del personal jerárquico en el ámbito de la empresa GASNEA pusieron sobre el tapete una cuestión clave relacionada con los niveles salariales que tienen los agentes y trabajadores del sector.
Lejos de haber caído en términos reales como en la mayoría de las áreas productivas, los ingresos de los empleados de la distribuidora de gas de las provincias mesopotámicas, Chaco y Formosa acumularon en los últimos 20 meses una serie de aumentos que llegaron hasta el 95%.
La Secretaría de Energía y la subsecretaría de Hidrocarburos convocaron para el próximo lunes 15 a una audiencia pública para tratar qué porcentaje del precio del gas natural van a afrontar los usuarios y qué parte cubrirá el Estado con el pago de subsidios a las petroleras.
En tanto, la intervención del Enargas que conduce el camporista Federico Bernal armó para el día siguiente—el martes 16—otra audiencia para considerar los aumentos transitorios que se autorizarán en los ingresos específicos de las distribuidoras (Valor Agregado de Distribución) y las transportadoras (Valor Agregado de Transporte).
Según los datos que salieron a la luz en el marco de esas dos audiencias, los ajustes salariales que obtuvieron los trabajadores y jerárquicos de GASNEA entre abril de 2019 –el mes en que se aplicó el último aumento tarifario—y diciembre de 2020 alcanzaron un promedio del 95%.
Tras haber logrado esos niveles de incrementos salariales, los dirigentes de la Asociación del Personal Jerárquico (APJ GAS) salieron a exigir una recomposición adicional antes de encarar la negociación paritaria para definir los aumentos que regirán en 2021.
Con el argumento de cubrir el porcentaje de incremento salarial que habría quedado pendiente para compensar la inflación de 2020, la entidad sindical reclamó un ajuste en dos tramos: 4% con los sueldos de febrero y 3,1% con los ingresos de marzo. A eso se agregó el pago de una “bonificación anual actualizada” de 50.238 pesos.
Ante la imposibilidad de la empresa de poder hacer frente a esos aumentos con sus ingresos que se mantienen congelados desde hace dos años, los dirigentes gremiales decidieron un paro parcial de actividades bajo la figura de un “quite de colaboración” --basado en un supuesto incumplimiento de las normas de higiene y seguridad-- que afecta la atención a los usuarios y las tareas en la vía pública.
Fuente: Transporte y Energía