12/12/21

La novela de las represas patagónicas se estira a la espera de los fondos chinos

El Gobierno aprobó un nuevo plan de obras, pero sigue sin cerrar la actualización del financiamiento. El repago del crédito de China. Pelea en los tribunales.

Por Antonio Rossi



Al igual que las interminables novelas turcas que van agregando capítulos con el paso de los meses, las represas santacruceñas Cóndor Cliff y La Barrancosa –rebautizadas por el relato oficial como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic– sumaron en las últimas semanas tres hechos nuevos que buscan apuntalar la ejecución de las obras que están otra vez bajo la lupa judicial y con un financiamiento chino pendiente de actualización.

En primer lugar, la estatal IEASA piloteada por el camporista Agustín Gerez logró cerrar la última adecuación del contrato de construcción que estaba pendiente tras las modificaciones introducidas durante la gestión macrista y el cambio de diseño del proyecto derivado de la falla geológica detectada en Cóndor Cliff.

El nuevo plan y cronograma de obras fue aprobado por medio de la adenda número 11 que suscribieron IEASA y el consorcio constructor que encabeza el grupo chino Gezhouba asociado con la local Electroingeniería. Según los nuevos plazos en juego, La Barrancosa entraría en servicio en el primer cuatrimestre de 2024, mientras que Cóndor Cliff lo haría a fines de 2027, casi ocho años después de lo que estaba previsto originariamente cuando arrancaron los trabajos en la provincia de Santa Cruz.

La segunda novedad relacionada con el futuro de las represas se registró hace dos semanas cuando los equipos técnicos de IEASA y del consorcio adjudicatario respondieron los interrogantes sobre la revisión del proyecto que fueron planteados por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

A fines de 2016, la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar impulsada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y dispuso la suspensión de las obras hasta que se aprobara un nuevo informe de impacto ambiental. Tras la confección de nuevos estudios y la realización de una audiencia pública en el Congreso, la jueza federal del contencioso administrativo Nº12, Macarena Marra Giménez, levantó el amparo y habilitó el reinicio de las obras en setiembre de 2017.

Esa decisión fue apelada y tras una nueva denuncia de la Fundación Banco de Bosques, la cámara federal integrada por Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio le ordenó en octubre al Gobierno y a las constructoras que respondieran cuáles fueron los problemas geológicos detectados en las represas y en qué consisten las modificaciones técnicas y de ingeniería que se definieron para solucionar las grietas registradas en los taludes de contención de Cóndor Cliff.

Ante ese requerimiento, el lunes 29 de noviembre funcionarios y directivos del consorcio remitieron al trío de camaristas más de 10 carpetas con informes y dictámenes técnicos propios y de expertos internacionales que aprueban la viabilidad estructural del rediseño de obras previstas para garantizar el funcionamiento de Cóndor Cliff sin riesgos sísmicos y socioambientales. Tras esa presentación, ahora la pelota volvió a quedar en el campo judicial para que la Cámara resuelva si las obras siguen adelante tal como han sido reprogramadas o se vuelven a paralizar por cuestiones ecológicas.

Costoso acuerdo pendiente

La tercera arista ligada al destino de las represas gira en torno al crédito otorgado por un grupo de bancos de China. Licitadas y adjudicadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, las obras en Santa Cruz comenzaron a mediados de 2015 y, según el cronograma original, las usinas iban a entrar en servicio en febrero de 2020. Con los ingresos por la venta de energía, el Gobierno tenía que empezar a cancelar el préstamo de US$ 4.700 millones otorgado por los bancos ICBC, CDB (China Development Bank Corporation) y el Bank of China Limited (BOC).

Tras haber asumido a fines de 2015, Mauricio Macri frenó las obras y puso en marcha una prolongada revisión del proyecto. En el segundo semestre de 2017, la administración macrista y las autoridades chinas consensuaron una reconfiguración de las obras, pero dejaron pendiente la actualización de las condiciones del financiamiento.

A partir de diciembre de 2019, esa tarea inconclusa quedó en manos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien hasta ahora no ha logrado abrochar un acuerdo. Ante la dilación del lado argentino, a principios del año pasado los bancos decidieron ralentizar los giros que estaban comprometidos. Al mismo tiempo, salieron a exigir el cumplimiento de lo pactado en el contrato de financiación original que preveía el repago de las primeras cuotas del crédito a partir de agosto de 2020.

Las planillas oficiales cantan que hasta ahora los bancos chinos desembolsaron US$ 1.350 millones del crédito otorgado para las represas. De ese monto, alrededor de US$ 1.100 millones ingresaron al país para la compra de materiales y el pago de las obras, mientras que los restantes US$ 250 millones quedaron en China como anticipo económico a los proveedores de las turbinas.

Por no haber readecuado el contrato de financiamiento de las obras, la administración de Alberto Fernández tuvo que empezar a devolver los primeros vencimientos del capital que habían aportado hasta el año pasado las entidades bancarias chinas. Por esa vía, ya lleva transferidos en el último año y medio un total US$ 202 millones de dólares por las cuotas del crédito inicial que debe cancelar cada seis meses.

Además, para suplir los fondos que dejaron de llegar de China, el Gobierno debió salir este año en auxilio de la UTE de Gezhouba y Electroingeniería con una ayuda temporaria de US$ 170 millones para que no se paralizaran por completo las obras.

Las últimas señales provenientes del área de Beliz indican que la adenda financiera pendiente se estaría firmando en marzo próximo una vez que queden sellados los acuerdos con el FMI y el Club de París. Por las dudas, los responsables de IEASA que deben afrontar los pagos de las obras lograron que se incluya en el proyecto de Presupuesto 2022 una partida de US$ 210 millones para garantizar el ritmo de trabajo en las represas durante seis meses.

Nota Editada en LetraP