Por Antonio Rossi
Decidida en los altos mandos del grupo pocos días después de las PASO, la movida interna se ha venido manejando con un bajísimo perfil y sin que se conozca en las líneas gerenciales y técnicas de las empresas involucradas. Los directivos locales del grupo italiano ENEL, el dueño mayoritario de Edesur, Central Costanera y El Chocón, pusieron a sus equipos contables y jurídicos a recopilar los antecedentes de los reclamos tarifarios y contractuales que las compañías eléctricas tienen planteados ante el Gobierno y que hasta ahora no han sido atendidos.
Si bien puertas adentro de ENEL Argentina sostienen que ese movimiento representa “una necesaria actualización y puesta al día de las cuestiones pendientes de resolución con las autoridades nacionales”, en el ámbito energético no descartan que se trate de una medida preparatoria del holding italiano para poder llevar en los próximos meses sus reclamos económicos al tribunal internacional del CIADI.
Al igual que buena parte de las empresas extranjeras que tienen negocios eléctricos, los directivos de ENEL consideran que existen altas chances de que, ante un nuevo resultado adverso en las elecciones generales del domingo, la administración de Alberto Fernández profundice su identificación con el kirchnerismo y decida redoblar la apuesta con la adopción de medidas más extremas que no harían más que agravar los actuales y crecientes desequilibrios macroeconómicos.
En las oficinas del grupo europeo no pierden de vista que, a diferencia de Edenor, que pasó a manos del trío local de Vila-Manzano-Filiberti, Edesur sigue estando en la mira de los despachos de Energía que anularon y judicializaron los acuerdos tarifarios firmados con el macrismo y de algunos intendentes del Gran Buenos Aires que, enojados por los cortes masivos registrados en el último verano, aún siguen pidiendo la caída de la concesión y la estatización del servicio.
Por más que públicamente manifiestan que para enfrentar la crisis económica y social se necesita un programa moderado y consensuado entre todos los sectores, la posible radicalización del Gobierno habría llevado a la controlante de Edesur a abrir el paraguas para juntar de antemano los elementos administrativos y legales que avalen los reclamos de los últimos años que no fueron tenidos en cuenta por las autoridades energéticas.
En caso de enfilar sus reclamos al CIADI, ENEL seguiría el camino tomado anteriormente por otras empresas energéticas como British Gas, Gasoducto del Pacífico, AES y Central Puerto, que denunciaron al país por el incumplimiento de los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI). La última que acudió a ese tribunal internacional fue Orazul Energy, la operadora del complejo hidroeléctrico Planicie Banderita-Cerros Colorados, controlada por un fondo de inversión de exejecutivos de Morgan Stanley. En setiembre de 2019 demandó al Estado por una medida del gobierno de Mauricio Macri que había recortado sus ingresos por la energía vendida a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Actualmente, Argentina lidera el podio de los países que enfrentan más demandas internacionales de inversores privados. Acumula 63 causas, seguida por España con 51 demandas, Venezuela con 48, República Checa con 38 y Egipto con 34. Entre 2016 y 2019, la administración macrista pagó un total de US$ 1.036 millones por las deudas surgidas de los arbitrajes ganados por British Gas, Gasoducto del Pacífico, Central Puerto- Piedra del Águila, Edemsa y Suez.
Negocios domésticos
Junto con la distribuidora eléctrica que presta servicios a 2,5 millones de clientes en la Capital Federal y 12 partidos de la zona sur del Conurbano, el grupo ENEL controla la usina térmica más importante del país –la Central Costanera con 2.300 MW de capacidad instalada– y el complejo hidroeléctrico de El Chocón-Arroyito que aporta una generación de 1.328 MW al sistema eléctrico nacional.
Además, posee el 40% de central térmica Dock Sud y participaciones accionarias en las transportadoras eléctricas CTM, Tesa y Yacylec. Completan el listado de sus negocios locales, Enel Green Power (dedicada a proyectos renovables) y Enel X (especializada en movilidad eléctrica y eficiencia energética).
En el caso de Edesur, los últimos números muestra un panorama de fuertes pérdidas y dificultades financieras. Desde 2010, la empresa acumuló siete estados contables de signo negativo y solo tres períodos anuales con resultados positivos.
Entre enero y setiembre de este año, la distribuidora registró una pérdida de $ 14.836 millones, un 180% más que el rojo que había tenido en igual período de 2020 durante los meses más duros de la pandemia del Covid-19.
Tras destacar que sus ingresos reales tuvieron una caída interanual del 20%; el timonel de ENEL Argentina, Claudio Cunha, informó a la Bolsa que “pese a haber mantenido y ampliado el nivel de inversiones, la situación económica de la empresa es insostenible y requiere una pronta solución por parte del Gobierno".
Según la visión de Edesur, el deterioro de sus cuentas se debe al hecho de haber tenido las tarifas congeladas más dos años, el insuficiente aumento del 9% otorgado a partir de mayo, los gastos operativos y salariales crecientes, el impacto inflacionario, la devaluación del peso y las restricciones impuestas para combatir la pandemia.
Por el lado de Central Costanera, los datos de los primeros nueve meses del año exhiben una pérdida de $ 29 millones que contrastan con la ganancia de $ 3.000 millones obtenida en el mismo lapso de 2020. Los ingresos reales también descendieron de $10.431 millones en 2020 a $ 7.800 millones este año. Pese a haber recibido en mayo una actualización tarifaria del 29%, la caja de Costanera se vio afectada por el avance inflacionario y las fuertes subas registradas en los costos operativos, la compra de repuestos y los mantenimientos programados de los equipos generadores.
Nota Editada en LetraP
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