Por Antonio Rossi
La zigzagueante novela de la hidrovía Paraguay-Paraná sumó un nuevo capítulo de fuertes contrapuntos entre la cartera de Transporte que pilotea el massista Alexis Guerrera, quien apuesta a prolongar el esquema vigente de operación privada con mayores controles, y el ala kirchnerista del Frente de Todos liderada por el senador nacional Jorge Taiana, quien impulsa la estatización del dragado y balizamiento de la principal vía navegable del país.
Envalentonados por las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre el traspaso transitorio de la hidrovía a la estatal la Administración General de Puertos (AGP) y el cobro de los peajes a cargo del Estado, los referentes kirchneristas salieron a reforzar su ofensiva antiprivatista con otra “proclama patriótica” ligada al Día de la Bandera.
Al igual que el 25 de mayo pasado, cuando solicitaron suspender los pagos de las deudas con el FMI y el Club de París; más de 50 exfuncionarios, legisladores, gremialistas, jueces, actores e intendentes identificados con la vicepresidenta Cristina Kirchner suscribieron un nuevo manifiesto que plantea la necesidad de “recuperar el control y la soberanía nacional” en la vía navegable del Paraná.
En un mensaje directo al Gobierno, los firmantes de la proclama plantearon que, tras el vencimiento de la prórroga concedida al actual concesionario, resulta “esencial e impostergable retomar la administración de la hidrovía, ejercer el cobro de los peajes a los barcos y optimizar las fiscalizaciones vinculadas con las cuestiones aduaneras, impositivas, las cargas transportadas, la actividad portuaria y el tránsito fluvial”.
Por su parte, los funcionarios de Transporte encargados de llevar adelante la futura licitación esperan la firma de dos decretos clave que tiene en carpeta la Casa Rosada para poder delinear los pasos a seguir en los próximos meses.
Uno de esos decretos, como adelantó Letra P, es el que amplía las funciones de la AGP con el fin de poder otorgarle la “operación temporaria” de la hidrovía cuando expire el contrato con la concesionaria que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa.
Una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial, el ministerio de Guerrera tendrá que redactar y suscribir un “contrato de concesión” acotado con la AGP, donde quedará establecido el valor del peaje y el nuevo mecanismo de cobro que implementará el Estado. Esa concesión será por un plazo inicial de 12 meses, el cual podrá extenderse hasta fines de 2022 si retrasa la licitación internacional para seleccionar a los futuros concesionarios que manejarán la hidrovía por un período de 15 años.
Para garantizar las condiciones de navegabilidad, el organismo portuario que conduce el santacruceño José Beni deberá tercerizar las obras de dragado y balizamiento con una “contratación corta” de un año de duración. Lo que aún resta definir es si se hará por medio una licitación abierta y express o por un concurso simple de precios donde triunfarán las empresas que presenten las ofertas más bajas.
El otro decreto en juego es el que crea un nuevo ente de regulación y control para la concesión de la autopista fluvial por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.
El organismo de contralor tendrá su base operativa en Rosario y será conducido por un director ejecutivo nombrado por Transporte y un subdirector designado por el ministerio del Interior. Contará, además, con un “consejo asesor permanente” integrado por representantes de las siete provincias ribereñas de la hidrovía, los gremios del sector y los usuarios de la vía navegable (operadores portuarios, agroexportadores, cerealeras y navieras).
Con los decretos vigentes, las autoridades de Transporte prevén convocar para mediados de julio al segundo plenario anual del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), el organismo creado a fines de diciembre para las tareas de coordinación política y asesoramiento de todo lo relativo a la vía navegable troncal y a la nueva concesión por peaje. Con la realización del plenario, que marcará el debut de Guerrera como p esidente del CFH, el Gobierno apunta a un doble objetivo: blanquear las demoras que arrastran las cuestiones vinculadas con la hidrovía y establecer una nueva hoja de ruta que permita iniciar la futura licitación dentro de 10 meses.
Discordias en puerta
Uno de las aristas que promete agrandar la grieta planteada entre las dos posturas contrapuestas que existen en el Gobierno es la referida a la fecha en que vence la prórroga concedida a Hidrovía SA. A fines de abril y a pocas horas de expire la concesión, el gobierno de Alberto Fernández decidió otorgarle a la actual operadora una extensión contractual por 90 días.
Para los referentes kirchneristas, esa prórroga finaliza el 30 de julio y a partir de ese momento el Estado debería hacerse cargo del dragado y balizamiento. En cambio, para los funcionarios de Transporte la prórroga recién expira el 9 de setiembre porque, según lo fijado en la resolución 129/21, el cálculo debe hacerse tomando en cuenta días hábiles y no corridos. Inclusive, no descartan otra prórroga por 60 días para que la AGP tenga más tiempo para acomodarse al nuevo escenario.
Otra cuestión que será motivo de discordia gira en torno a cómo se recaudarán los peajes. El kirchnerismo impulsa que un nuevo ente estatal se haga cargo de cobrar los peajes a los buques y destine una parte de los ingresos a obras de mejoras en los canales de accesos y puertos de las provincias ribereñas. En tanto, en el área de Transporte sostienen que los peajes deben ir a un fideicomiso que tenga como destino único y especifico el pago del dragado y balizamiento que realicen los concesionarios de la hidrovía.
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