03/01/21

Distribuidoras tiran la bronca por los nuevos contratos del Plan Gas

Contratos contrarreloj para apuntalar el plan de reactivación gasífera. Dardos contra Darío Martínez por beneficios a las petroleras y tarifas sin cambios.

Por Antonio Rossi



Las distribuidoras de gas arrancaron 2021 mascullando bronca por los cambios de último momento que introdujo el titular de Energía, Darío Martínez, en el nuevo esquema de contratación con las petroleras que puso en vigencia el Plan Gas 2020-2024.

El 30 de diciembre, con casi dos semanas de demora y a menos de 48 horas de que expirase el año, la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial la resolución 447 mediante la cual procedió a asignar los distintos volúmenes de gas que deben proveer las petroleras a las distribuidoras según las ofertas que se habían presentado hace un mes en la mega subasta que dio inicio al nuevo plan que busca estimular la producción del sector gasífero.

Tras haber quedado oficializado el reparto de los volúmenes en juego, las petroleras y distribuidoras tuvieron que sentarse el último día del año a firmar contrarreloj los nuevos contratos de compra-venta de gas que entraron en vigencia el 1 de enero.

Lo que más molestó a las distribuidoras fue la inclusión de una nueva cláusula que no estaba prevista en marco original del Plan Gas 2020-2024 y que tiende a limitar el manejo de sus flujos de fondo.

El artículo 8 de la resolución 447 estableció que, “a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, las distribuidoras deberán depositar en una cuenta bancaria las sumas correspondientes al concepto de gas que perciban mensualmente”.

Según ese artículo, “dichos fondos serán afectados exclusivamente al pago del gas natural adquirido en el marco de los contratos emergentes del decreto 892/20 y no podrán ser utilizados para erogaciones de otra índole”. Por si fuera poco, las empresas deberán mantener informada en todo momento a la Subsecretaría de Hidrocarburos acerca de los datos y movimientos de la mencionada cuenta.

Lo que aún no está claro es qué clase de cuentas deberán habilitarse y tampoco cuáles serán las entidades bancarias designadas para tal fin.

Otra modificación que alteró los ánimos de las distribuidoras es la referida a los intereses por mora. De acuerdo con los nuevos parámetros, “la falta de pago en término hará incurrir a las empresas en mora automática, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa”. A partir de ese retraso, “se devengará un interés del 150% de la tasa de pizarra promedio del Banco Nación para plazos fijos en pesos”.

En este caso, el gran interrogante es qué va a pasar con el nivel de incobrables que arrastran las distribuidoras. Hasta principios de año, oscilaba entre 1% y 2% del total de los clientes, pero, con la irrupción de la pandemia y la crisis económica, ese registro saltó hasta un rango que va del 10% al 12% de los usuarios.

Sin aumentos de tarifas en el horizonte y con ese nivel de morosidad, las distribuidoras ya advirtieron a las autoridades que no están en condiciones de abonar la totalidad del gas que reciben de las productoras y que solo irán desembolsando pari passu lo que vayan recaudando de los clientes que están al día.

A eso se agregó otro punto espinoso vinculado con los posibles conflictos contractuales. Para resolver sus controversias, “las partes podrán optar por recurrir a un arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara de Comercio Internacional o a los Tribunales Federales asentados en la Ciudad de Buenos Aires”.

En el caso del GNC, donde el nuevo esquema iba a generar un marcado aumento en las estaciones de carga, las autoridades energéticas decidieron parar la pelota hasta fines de marzo. Por tres meses más, las estaciones seguirán recibiendo el combustible a precio subsidiado de parte de la estatal Ieasa.

Para las distribuidoras, la resolución de Martínez tiene un sesgo favorable a las petroleras, que ven asegurado, con distintas cláusulas, el cobro de sus entregas de gas tanto del lado de los usuarios como del Gobierno.

En el caso de los usuarios residenciales y pymes, la entrada en escena del nuevo esquema enmarcado en el Plan Gas 2020-2024 no implicará, por el momento, un ajuste tarifario. Seguirán pagando el mismo precio del gas que rige desde mediados de 2019 y que equivale, a los valores oficiales de hoy, a 2,20 dólares por MMBTU.

Las petroleras, por su parte, embolsarán los precios que cotizaron en la mega subasta de diciembre, que oscilan entre un piso de 2,40 dólares y un máximo de 3,66 dólares por MMBTU.

La diferencia entre los 2,20 dólares que abonan los usuarios y los valores reconocidos a las petroleras, que promedian los 3,50 dólares, serán cubiertos con subsidios directos del Estado que, según los cálculos de técnicos privados, a lo largo de 2021 implicarían un desembolso no inferior a los 1.200 millones de dólares.

Nota Editada en LetraP