Las agencias marítimas y compañías navieras locales han comenzado a seguir con especial atención los avances de una demanda judicial iniciada en los tribunales paraguayos donde está en juego una reparación económica superior a los 2,8 millones de dólares.
La causa--que fue iniciada por la firma guaraní Tagua Pilot SA e involucra indirectamente a la empresa local Vesell Atlántica y a la firma panameña Radiant Blue Shipping Group—puso sobre el tapete una serie de acciones arbitrarias y ,supuestamente, irregulares llevadas adelante por funcionarios de Paraguay que impidieron la incorporación de un buque remolcador a la flota mercante de ese país.
La presentación de Tagua Pilot SA consiste en una “demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual” contra el ex Prefecto General Naval, Contraalmirante Jorge Javier Mancuello Benítez y el Estado de Paraguay.
La empresa denunciante es una sociedad comercial constituida bajo las leyes de Paraguay que se dedica a la explotación y desarrollo de actividades vinculadas con la navegación marítima y fluvial.
A comienzos de 2019, los dueños de Tagua decidieron ampliar sus operaciones con la incorporación a su flota de un nuevo buque remolcador mediante la nacionalización de la nave “Espartano”, cuya propietaria era la firma panameña Radiant Blue Shipping Group.
Para el traslado del Espartano, Tagua Pilot contrató, en agosto de 2019, a la empresa Vessel Atlántica SA, la cual pese a tener todos los permisos y autorizaciones en regla se vio impedida de concretar esa tarea en tiempo y forma debido a las inexplicables e irregulares medidas dispuestas por Mancuello Benítez que trabaron durante casi un año la llegada del buque.
Los argumentos iniciales que había utilizado el ex Prefecto General y que luego quedaron desestimados por los hechos y pruebas que se presentaron fueron los siguientes: que el barco de Vessel (Anabisetia) no tenía autorización para transportar acoderado al Espartano, que éste remolcador no tenía tripulación y que supuestamente tampoco contaba con el permiso de entrada legal a Paraguay.
Tras una instrucción sumarial iniciada por indicación de Mancuello Benítez, el Espartano tuvo que quedar amarrado y retenido en la zona de Confluencia durante varios meses mientras que la empresa Vessel era obligada a desembarcar su tripulación en Asunción para ser remplazada por otra de emergencia que no estuviera involucrada en el caso.
“Pese a que todas las documentaciones y registros mostraban que el transporte acoderado del Espartano era lícito, correcto y autorizado y no implicaba contravención legal alguna; Mancuello Benítez en forma obstinada siguió impidiendo que el buque sea liberado alegando diferentes excusas –todas inexistentes y arbitrarias, que una tras una fueron desarticuladas”, destacó la denuncia patrocinada por el letrado Víctor Manuel Peña Gamba.
La demanda resaltó como un hecho llamativo que el ex Prefecto General haya ocultado el caso a otras instituciones y autoridades estatales de Paraguay cuando él mismo afirmaba la existencia de presuntas infracciones que merecían una investigación y que justificaron la adopción de la medida cautelar restrictiva que afectó económicamente a Tagua Pilot y Vessel Atlántica.
Tras varios reclamos y presentaciones que demostraron la improcedencia de las sanciones aplicadas a ambas empresas, el mismo Prefecto procedió a revocar sus decisiones.
De acuerdo con la denuncia de Tagua Pilot, “la resolución 72/2020 tiene los efectos propios de una confesión extrajudicial espontánea por cuanto resulta de un instrumento público que el propio ex Prefecto General reconoció que su decisión anterior era abiertamente ilegal, arbitraria e irregular y constituye un acto administrativo que sirve para admitir tanto la responsabilidad administrativa y civil del citado funcionario que cometió el ilícito, como la responsabilidad—en subsidio—del propio Estado paraguayo”.
La presentación contra Mancuello Benítez y el Estado de Paraguay incluyó, entre otros, los siguientes detalles y datos relevantes:
--Por más que se buscó arreglar el desastre inicial que había provocado ilegítimamente y con fines poco claros el ex Prefecto General, el daño a Tagua ya estaba hecho ya que a raíz de la dilatada detención del Espartano éste no pudo ser anotado bajo la bandera paraguaya porque en el proceso hubo un cambio en la reglamentación que modificó las condiciones pautadas originariamente para la incorporación de embarcaciones a la flota mercante nacional.
--Tras haber sufrido la paralización del buque durante un año, Tagua Pilot se vio forzada a enviarlo de regreso a Argentina viendo así perjudicada totalmente la ingente inversión que había realizado y sin chances de poder realizar las actividades que tenía previstas y comprometidas con ese remolcador.
--Durante el tiempo que el Espartano estuvo amarrado se produjo la varadura del mismo a causa de la bajante del río, lo que ocasionó daños estructurales y sobrecostos originados por la ilegal determinación del ex Prefecto General.
--Tagua Pilot se vio obligada a afrontar los costos adicionales derivados de las compensaciones requeridas por la transportadora Vessel para compensar las pérdidas que experimentó como consecuencia de la antijurídica actuación del Prefecto General paraguayo.
--A su vez y ante la caída del proyecto inicial, Tagua Pilot también tuvo que restituirle el remolcador a la vendedora Radiant Blue Shipping Group, quedando expuesta a los reclamos derivados de su incumplimiento y de los daños registrados en la embarcación durante el tiempo que estuvo paralizado.
Por todos esos motivos, la empresa afectada reclamó a Mancuello Benítez y al Estado paraguayo una reparación económica de 2.810.800 dólares por la totalidad de los daños emergentes, lucro cesante y la pérdida de chance de actividad comercial.
Fuente: TyE
