Por Antonio Rossi
Cuando solo restan 20 días hábiles para que expire el contrato con la actual concesionaria privada que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, el Gobierno se apresta a aprobar contrarreloj dos normas claves para poder encarrilar la nueva instancia de operación transitoria estatal y la futura licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná.
De manera desprolija y con una excesiva tardanza por cuestiones administrativas y legales que es reconocida hasta por los propios funcionarios que llevan el tema, el ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera prevé tener listo en una semana el nuevo contrato de concesión que regirá con la Administración General de Puertos (AGP) a partir del 14 de setiembre.
Por otra parte, en la Casa Rosada ya estaría para la firma del presidente Alberto Fernández el largamente demorado decreto de creación del nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de las Vías Navegables que será el encargado de llevar adelante el proceso licitatorio internacional para elegir en 2022 al nuevo operador privado de la autopista fluvial por donde se movilizan el 85% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores.
Tras decidir que no habría más prórroga para la empresa Hidrovía SA, el Gobierno resolvió, a fines de junio, otorgar a la AGP la concesión temporaria y la recaudación de los peajes de la principal vía navegable del país. Según lo establecido en el decreto 427, el organismo portuario piloteado por el santacruceño José Beni deberá -dos días después de las PASO- tomar la posta del dragado y balizamiento y garantizar la navegabilidad por un período inicial de 12 meses.
La entrada en escena de la AGP tiene que formalizarse con la firma de un nuevo “contrato de concesión” con la cartera de Transporte que se ha retrasado más de lo previsto y aconsejable para un tema tan complejo y relevante como es la operación y mantenimiento de la hidrovía. La letra chica de ese contrato determinará el nuevo mecanismo de cobro de los peajes a los barcos y el programa específico de las obras y tareas que la AGP, que no cuenta con barcos ni equipos adecuados para mantener el calado de la vía navegable, deberá tercerizar con máxima celeridad para que no se interrumpan el dragado y balizamiento que en los últimos 25 años estuvieron a cargo de Hidrovía SA.
Vía rápida
Sin tiempo suficiente para efectuar una licitación pública, los técnicos de AGP prevén avanzar con un esquema de “adjudicación directa” para contratar rápidamente a las empresas que se encargarán de garantizar las condiciones de navegabilidad en forma temporaria hasta que desembarque el nuevo concesionario privado que surgirá de la licitación internacional prevista para el próximo año.
Por el lado del dragado, la contratación directa ya estaría encaminada con el grupo Jan de Nul, que desde mediados de los 90 viene realizando las obras de profundización del calado como integrante de Hidrovía SA.
En tanto, para la operación y mantenimiento del balizado, la alternativa en juego pasa por la contratación de una UTE de compañías locales que no incluye a Emepa, la empresa que forma parte de la actual concesionaria y cuyo dueño, Gabriel Romero, se encuentra vetado por el kirchnerismo por haber declarado en la denominada causa de los Cuadernos el pago de un soborno de U$S600.000 por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le habría prorrogado la concesión de Hidrovía SA.
Entre las firmas locales que más suenan para quedarse con el contrato del sistema de señalamiento se encuentran Pentamar, Hydra, Navitronic y Sade Electromecánica. Para esta contratación, la AGP aportará tres buques balizadores actualmente en uso por Hidrovía SA y que al vencimiento de la concesión tienen que retornar a la órbita estatal.
Para la facturación y recepción de los peajes, la AGP implementará un doble mecanismo contable para separar los recursos propios y los provenientes de las tarifas que abonarán las empresas navieras. Los ingresos por peajes irán a parar a dos cuentas corrientes específicas abiertas en el Banco Nación que se utilizarán en forma exclusiva para los pagos de los contratos de dragado y balizamiento. En los dos primeros meses de la gestión estatal, la AGP destinará parte de su presupuesto para hacer frente a las obras que se contraten inicialmente para la hidrovía y luego irá recuperando esos fondos cuando se normalicen los ingresos por peajes.
Con respecto a los más de 800 empleados de Hidrovía SA, el compromiso del Gobierno fue preservar todas las fuentes laborales. Según el esquema oficial, serán transferidos a las empresas que se hagan cargo del dragado y balizamiento y cobrarán una indemnización especial por la finalización del vínculo contractual con la sociedad de Jan de Nul y Emepa.
Ente todo terreno
Tras haber acumulado varias reescrituras y correcciones desde las primeras semanas del año, todas las señales indican que ahora el texto final está terminado y próximo a salir a calle.
Se trata del decreto que da nacimiento al nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de las Vías Navegables, cuyo directorio estará integrado por representantes de los ministerios de Transporte e Interior y de las siete provincias ribereñas de la hidrovía.
El nuevo organismo tendrá su base en Rosario y contará con un presidente designado por la cartera de Transporte y un vice nombrado por el ministerio del Interior. Los gremios del sector y los usuarios (operadores portuarios, agroexportadores, cerealeras y navieras) formarán parte del “consejo asesor” y en temas puntuales podrán sumarse a reuniones de directorio ampliado.
Se financiará con el 0,5% del peaje a los barcos y, además de las tareas de control, deberá llamar a licitación y adjudicar la nueva concesión de la hidrovía hasta 2037.
Nota Editada en LetraP
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país