03/09/21

Dan vía libre a la AGP y arranca la estatización transitoria de la hidrovía

Se aprobó la nueva concesión temporal. Adjudicaciones directas de dragado y balizamiento. Peajes, traspaso de personal y futuras operadoras. Las seis claves.

Por Antonio Rossi



Luego de varias idas y vueltas y a solo seis días hábiles de que finalice la actividad de la operadora privada que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, que durante un cuarto de siglo tuvo a su cargo el manejo de la hidrovía Paraguay-Paraná, el ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos (AGP) suscribieron el nuevo contrato de concesión que dará inicio al manejo estatal de la autopista fluvial.

Tras acumular un marcado retraso provocado por diferencias internas y trabas administrativas y legales, la administración de Alberto Fernández formalizó la entrada en juego del organismo portuario que a partir del 11 de setiembre asumirá la concesión temporaria y la recaudación de los peajes de la principal vía navegable del país.

Con la “chapa” oficial de concesionaria, la AGP, que comanda el santacruceño José Beni, quedó habilitada para salir a contratar contrarreloj y en forma directa los trabajos de dragado y balizamiento que en los últimos 25 años estuvieron a cargo de la sociedad privada Hidrovía SA y que no está en condiciones de realizar por su cuenta, por la falta de buques y equipos adecuados.

El nuevo y extenso contrato de concesión, aprobado por medio de la resolución 308 de la cartera de Transporte conducida por el massista Alexis Guerrera, tiene 50 páginas y 14 anexos con cuadros tarifarios, datos técnicos, inventarios, planes de trabajo y especificaciones técnicas. La concesión de AGP tendrá una duración inicial de 12 meses, la cual se podrá prorrogar hasta la toma de posesión del nuevo operador privado que surgirá de la licitación internacional que debe llevar adelante el próximo año el flamante Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

La “gestión transitoria estatal” tendrá seis aristas relevantes. La AGP deberá asegurar “la continua operatividad y navegabilidad de la vía navegable troncal (VNT) en forma ininterrumpida y en condiciones de absoluta normalidad e igualdad durante las 24 horas del día”.

Dentro de sus tareas “no estará asumir la obligación de ejercer las funciones de policía de seguridad, aduanera, ambiental e hidrológica en la VNT, las que serán ejercidas por la Prefectura Naval, Aduana, las autoridades ambientales competentes, el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto Nacional del Agua”.

Por las obras y servicios que prestará durante la concesión, la AGP recibirá los ingresos provenientes de las tarifas de peajes a los barcos y los subsidios o transferencias presupuestarias que disponga el Poder Ejecutivo. Con esa recaudación, deberá pagarles a los contratistas y transferir el 0,5% para el funcionamiento del nuevo ente de control. Además, deberá “celebrar todos los actos necesarios a los efectos de que Prefectura y Aduanas también efectúen el control del pago de las tarifas de peaje que deben abonar los usuarios de la VNT”.

En principio, seguirán vigentes los peajes actuales por Tonelada de Registro Neto (TRN). No obstante, queda una puerta abierta para “la eventual revisión de tarifas contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago". La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, en su rol de autoridad de control, realizará “una evaluación trimestral de la ecuación económica-financiera de la concesión y, en caso de considerarlo necesario, recomendará la modificación del cuadro tarifario que estime pertinente”.

En materia de seguros, la AGP tendrá que exigirle a sus contratistas, como mínimo, la contratación de tres pólizas: de responsabilidad civil por lesiones y perjuicios contra terceros por un monto equivalente al 3% de las obras; por recomposición de daños ambientales y de accidentes laborales.

En cuanto a las 800 personas empleadas que tiene la concesionaria saliente Hidrovía SA, el organismo portuario “deberá exigir como obligación a sus contratistas la incorporación de dicho personal”. Además, el contrato aclara que tanto la plantilla de la AGP como los planteles que pasarán a los contratistas “no guardarán relación laboral de ningún tipo con la cartera de Transporte”.

Por último, la AGP y sus contratistas quedarán bajo el control de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que será la encargada de ejercer “las supervisiones técnicas y ambientales y llevar adelante las auditorías contables, legales, económicas y administrativas” de la concesión estatal. El ente portuario deberá poner a disposición “ocho vehículos, ocho embarcaciones y el equipamiento y la infraestructura que sean necesarios para las acciones y tareas de control”.

Caja estatal y contratos directos

Mientras aguardaban la demorada firma del contrato de concesión, el área técnica de la AGP se adelantó a los hechos y a mediados de agosto montó las bases para comenzar a cobrar los peajes desde la próxima semana.

Según las nuevas reglas de juego, las agencias marítimas y compañías navieras que utilizan la hidrovía tienen que darse de alta como nuevos clientes del organismo portuario y empezar a abonar los peajes fluviales a partir del 11 de setiembre en una cuenta específica del Banco Nación. Todos los buques deberán tener un agente marítimo al que le será emitida la factura para ser cancelada antes de los 30 días. En caso de que se registre atraso en el pago de un barco, los funcionarios podrán inhabilitar todas las operaciones de la agencia marítima involucrada.

Sin tiempo suficiente para efectuar una licitación, las autoridades de la AGP ya tendrían avanzadas las negociaciones para cerrar antes del próximo viernes las adjudicaciones directas con las empresas contratistas que se encargarán de garantizar las condiciones de navegabilidad.

Las obras de dragado quedarían en manos del grupo Jan de Nul, que desde mediados de los 90 viene realizando las obras de profundización del calado como integrante de Hidrovía SA. En tanto, para el mantenimiento del balizado, la alternativa en juego pasa por la contratación de una UTE conformada por las locales Pentamar, Hydra y Sade Electromecánica, que operan ese servicio en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.

Nota Editada en LetraP