Por Antonio Rossi
Tras una prolongada auditoría que tardó casi 18 meses y en medio de la campaña electoral, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, decidió poner en modo “revisión” las polémicas renegociaciones de los accesos Norte y Oeste que fueron aprobadas durante la administración de Mauricio Macri, que extendieron las concesiones hasta 2030 y habilitaban una doble vía de actualización de las tarifas que proyectaban peajes por las nubes e ingresos para las operadoras por casi u$s1800 milones.
La movida se dio a pocas semanas de que la justicia federal dictara la falta de mérito a los funcionarios macristas que renegociaron los contratos y ordenara un nuevo análisis contable para determinar si hubo algún daño a las arcas del Estado, y ante los rumores de una posible movida estatizadora que habría tenido como punta de lanza el proyecto de creación de una nueva empresa vial impulsado por el diputado nacional Facundo Moyano.
La semana pasada, Katopodis notificó a las autoridades de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste), las concesionarias controladas por el grupo español Abertis, el inicio formal de un “proceso de revisión” de los contratos renegociados en julio de 2018 y les otorgó un plazo de 10 días hábiles para que formulen los descargos y presentaciones administrativas que estimen convenientes.
De acuerdo con la información extraoficial que salió de Obras Públicas, uno de los puntos principales que tornan ilegítimos los contratos actuales es la extensión de las concesiones por 10 y 12 años y el reconocimiento de una deuda del Estado de 499 millones de dólares con Ausol y de 247 millones de dólares con GCO como compensación por supuestas inversiones no amortizadas. Como esas deudas tenían una tasa en dólares capitalizable del 8% y estaban libres de impuestos, lo que iban a terminar cobrando las empresas hasta 2030 llegaba a un total de 1.780 millones de dólares.
Se agrega otro cambio ilegal registrado con la dolarización de los contratos, que permitía la indexación de los peajes por medio de un doble ajuste tarifario basado en la variación inflacionaria y en la evolución del tipo de cambio dólar “contado con liquidación”. De haberse autorizado los aumentos que preveía ese esquema de actualización, el peaje actual de un auto en la Panamericana ascendería a 634 pesos, mientras que en el acceso Oeste la tarifa básica sería de 550 pesos por viaje.
Tras recibir la notificación oficial, las concesionarias informaron de la situación a la Bolsa y remarcaron que rechazan por “improcedentes” las objeciones formuladas por el Gobierno, que van a defender sus derechos con distintas acciones y que las renegociaciones bajo la lupa habían sido “aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional luego de cumplir con todas las instancias de control establecidas en las normas vigentes”.
Más allá de lo comunicado a la Bolsa, los directivos locales de Ausol y GCO activaron los contactos con dos estudios jurídicos porteños para empezar a evaluar los pasos legales que llevarán adelante ante cualquier cambio contractual arbitrario que decida el Gobierno.
La ofensiva de Obras Públicas sobre Ausol y GCO también impactó en Abertis, cuya conducción corporativa está en manos de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y dueño de la constructora ACS. Autoridades de Abertis en Madrid se habrían comunicado con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, para requerir mayores precisiones sobre los planes del Gobierno y manifestar su inquietud por las consecuencias legales de una finalización extemporánea de las concesiones.
Un mensaje similar también habría llegado al embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, de parte de Atlantia, la constructora y operadora de autopistas del grupo Benetton que comparte con ACS el manejo de Abertis. Las señales emitidas por los empresarios europeos habrían dejado en claro que están dispuestos a llevar sus reclamos ante el tribunal internacional del CIADI si ven cercenados sus negocios en Argentina. Paradójicamente, la amenaza del CIADI fue el principal argumento que había esgrimido el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para justificar las cuestionadas renegociaciones.
Solución negociada
Para bajar los decibeles y encarrilar una posible negociación, representantes de Obras Públicas y de la Casa Rosada le hicieron saber a las autoridades de Ausol y GCO que aún no está decidida la estatización de los accesos y que el “proceso de revisión” en curso lo que busca es eliminar las modificaciones incluidas en las renegociaciones de la administración macrista que carecen de legitimidad y son imposibles de cumplir.
En el ministerio de Katopodis apuestan a encontrar una solución no traumática por la vía de acuerdos mutuos de similares características los que se registraron el año pasado cuando se desactivaron los PPP viales sin dejar demandas pendientes contra el Estado.
A diferencia de los PPP viales, el problema que se presenta con los accesos es que las concesionarias prácticamente no tienen sobre sus espaldas incumplimientos de obras e inversiones que puedan justificar la ejecución de garantías y la caída automática de sus contratos.
Otra complicación adicional que enfrenta la “revisión” abierta por el Gobierno es que, si se anulan las prórrogas concedidas por el macrismo hasta 2030, volverían a tener vigencia los contratos anteriores que tenían fechas de vencimientos en 2018 y 2020.
De esta manera, para que la anulación de las renegociaciones no implique una estatización inmediata, los funcionarios tendrían que otorgarle a Ausol y GCO otra prórroga contractual para que sigan en pie con un nuevo programa de obras y un cuadro tarifario acorde con las inversiones, los gastos corrientes y tasa de ganancia mínima que se les reconozca por operar y mantener las autopistas.
Nota Editada en LetraP
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