La demora que acumula la implementación de la nueva versión del “Plan Gas” que impulsa el ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas para estimular la producción local y la suspensión de los pagos atrasados que las autoridades energéticas se comprometieron a girar a las petroleras volvieron a enturbiar el clima y las relaciones en el negocio gasífero.
La meta que se habían fijado para el inicio del segundo semestre los funcionarios y las empresas gasíferas de tener encaminada la resolución de las cuestiones más conflictivas del sector ha quedado nuevamente postergada y sin una fecha cierta de concreción.
A mediados de junio, el gobierno y las productoras habían acordado una “hoja de ruta” de corto plazo para empezar a poner las cuentas al día y avanzar con la aprobación y entrada en vigencia del “Plan Gas IV”.
Con el visto bueno de Kulfas, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, puso en marcha un cronograma de pagos para empezar a cancelar 22.000 millones de pesos de las deudas con las petroleras heredadas de la gestión macrista. Son las originadas en los subsidios impagos de los planes Gas I y II, los correspondientes al programa de incentivos de la resolución 46/2017 y las cuotas compensatorias de las diferencias tarifarias originadas por devaluación del 2018.
Luego de embolsar los primeros pagos por los subsidios pendientes de los anteriores programas de estímulos, las petroleras aceptaron una nueva prórroga en el precio del gas que les facturan a las distribuidoras.
Prevista hasta fines de diciembre, la nueva prolongación del precio del gas en boca de pozo le permite Gobierno estirar hasta 2021 el congelamiento tarifario que beneficia a los clientes hogareños y las pymes.
Acordados en febrero del año pasado, los contratos vigentes entre las principales productoras (YPF, Total Austral, PAE, Tecpetrol CGC y Pampa Energía, que concentran el 80% de la producción local) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Ecogas, Camuzzi, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea) tenían como fecha vencimiento inicial el 31 de marzo pasado. Pero, tras la situación excepcional generada por la pandemia del Covid-19, esos contratos fueron prorrogados, primero, hasta fines de abril y luego, hasta los últimos días de junio.
Con la nueva prórroga, las distribuidoras seguirán pagando el precio que se había cerrado el año pasado de 4,60 US$ por MBTU con un dólar de referencia de 41 pesos. Esa fórmula arroja ahora un valor de 189 pesos que trasladado a la actualidad y, con la paridad mayorista de los últimos días, equivale a casi 2,67 dólares por MBTU.
Tras cumplir con lo que se había pactado y prorrogar el precio a las distribuidoras, las petroleras se toparon con la sorpresa de que Energía había decidido paralizar los pagos que estaban en juego por las compensaciones derivadas del impacto devaluatorio de 2018.
Se trata de las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA) que surgieron por la dolarización tarifaria del gas que había aprobado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Inicialmente, las diferencias en pesos por las subas del dólar que se fueron registrando desde mediados de 2018 entre los precios acordados entre productoras y distribuidoras iban a ser trasladadas a los usuarios en 24 cuotas mensuales. Pero, tras el escándalo político que generó la medida, la administración macrista decidió dar marcha atrás y transferir la deuda al Estado. Por medio del decreto 1053/2018, Macri resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales y consecutivas, de las cuales sólo pagó la primera en los últimos días de su mandato.
Kulfas y Lanziani habían acordado con las petroleras liquidar las seis cuotas correspondientes al período enero-junio de este año con un pago total de 3.400 millones de pesos que tenía como principales beneficiarios a YPF (1.491 millones), Total (517 millones), PAE (301 millones) y Pampa Energía (267 millones).
Pero cuando llegó el momento de efectuar las transferencias, el secretario de Energía argumentó que no podía liberar los pagos por la demanda judicial promovida por el interventor del Enargas, Federico Bernal contra los ex funcionarios y reguladores macristas que implementaron el esquema de dolarización tarifaria.
En la última semana de junio, Bernal acudió a la Justicia para que se investigue si las autoridades energéticas del anterior gobierno incurrieron en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública” cuando a principios de 2018 aprobaron un nuevo esquema de tarifas dolarizadas para el servicio de gas natural.
En su denuncia, Bernal planteó que Aranguren y los ex directivos del Enargas intervinieron de manera ilegal para favorecer a las productoras de gas “con una deliberada concertación de precios que se trasladó a las tarifas finales y provocó un perjuicio económico al Estado y a los usuarios de 561 millones de dólares”.
Con la excusa de que esa movida puso sobre el tapete la legalidad del esquema tarifario que el Estado se comprometió a compensar, Lanziani frenó hasta nuevo aviso los pagos que estaban agendados para saldar las deudas por las DDA.
Además de poner de malhumor a las petroleras, esa decisión sumó una nueva e impensada complicación en el armado del Plan Gas IV, donde los subsidios juegan un rol preponderante para evitar la caída de la producción y mantener un mínimo de inversiones y empleos.
El esquema en danza --que la cartera de Desarrollo Productivo quería tener cerrado a mediados de julio y que ahora ha quedado postergado--prevé el pago de un “subsidio estímulo” que se sumará a lo que pagan las distribuidoras para elevar precio final del gas que reciben las petroleras a un rango de 3,30/3,50 dólares por MBTU.
NOMBRAMIENTO CUESTIONADO
En medio de las versiones de cambio que circulan sobre la plana mayor de la Secretaría, el inicio del trámite de nombramiento de una nueva encargada de compras y licitaciones en el área energética puso en estado de alerta a los funcionarios y contratados que ingresaron con la actual administración
El revuelo interno se generó por la decisión del equipo de Kulfas de incorporar como nueva directora de Contrataciones y Compra a Leticia Nicole Paganotti Di Prinzio, una ex funcionaria macrista que formó parte de los gabinetes Aranguren y del ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
Vocal de la agrupación política de Elisa Carrió en el partido de San Martín, Paganotti Di Prinzio había ingresado en julio de 2017 como asesora legal del ex subsecretario de Coordinación Administrativa, Marcelo Blanco y es recordada en las oficinas de Energía por haber llevado adelante el desmantelamiento del “call center” de atención a los usuarios donde trabajaban más 100 operadores contratados.
Nota Editada en LetraP
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