Por Antonio Rossi
Sin posibilidad de tomar créditos, con una renegociación de la deuda en camino y un horizonte cercano de mayores gastos, el gobierno de Axel Kicillof ha comenzado a mover las fichas con el fin de conseguir unos 60.000 millones de pesos que le permitan sacar del letargo a las obras públicas provinciales paralizadas. Con el argumento de que resulta necesario desandar la errónea decisión que había adoptado la ex gobernadora María Eugenia Vidal cuando aceptó esa imposición de Mauricio Macri, ahora la administración bonaerense quiere sacarse de encima el pago de los subsidios eléctricos y a los colectivos que había asumido la provincia el año pasado.
El gobierno bonaerense considera que, dentro del nuevo escenario que ha establecido la ley de emergencia económica, los desembolsos de esas compensaciones tarifarias deben volver a la órbita de la Nación porque la provincia ya no está en condiciones de poder afrontarlas.
Lo que está en juego para este año son unos 50.000 millones de pesos correspondientes a los subsidios que reciben las líneas de colectivos provinciales y municipales y otros 10.000 millones de pesos destinados a la “tarifa social eléctrica” y a los consumos de los barrios carenciados que se encuentran en las áreas de concesión de Edenor y Edesur. Toda esta masa de recursos que debería pagar la provincia equivale al total del presupuesto que tiene asignado para este año el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicas que encabeza Agustín Simone.
Con el presidente @alferdez trabajamos día a día para articular las mejores políticas entre Nación y Provincia para las y los bonaerenses. En estos dos meses de gobierno cambiamos las prioridades.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 11, 2020
Según los datos difundidos por la cartera de Simone, la gestión de Vidal dejó como herencia certificados impagos que superan los 11.000 millones de pesos; 700 expedientes de redeterminaciones de precios sin resolver desde hace varios meses; 160 obras paralizadas desde setiembre de año pasado y 100 proyectos con un grado de avance mínimos que estaban rescindidos.
La primera señal que emitieron los funcionarios de Kicillof para deshacerse del pago de los subsidios y reorientar esos fondos a las obras públicas se registró el último lunes en el cierre de la negociación salarial con el gremio de la UTA que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
A diferencia de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que participaron en la negociación y en el acuerdo final, la provincia no envió ningún representante a la reunión. Y, tras conocer lo acordado, salió a advertir que no cuenta con recursos económicos para cubrir los subsidios adicionales que necesitan las empresas de colectivos para poder hacer frente a los ajustes pactados.
La postura de los funcionarios bonaerenses quedó a contramano de dos cláusulas relevantes que figuran en el nuevo convenio salarial, que implicarán para los choferes un aumento del 18,3% durante el primer cuatrimestre del año. La primera es la que introdujeron las cámaras empresariales y establece que los pagos de las subas acordadas “se encuentran condicionados a que las respectivas tres carteras de Transporte hayan acreditado previamente los importes correspondientes para satisfacerlos”. Y la segunda cláusula es la que compromete a las autoridades de Transporte de las tres jurisdicciones a “actualizar los costos resultantes de lo convenido en los cálculos de los costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana con el fin de adecuar los montos de las compensaciones tarifarias que reciben las empresas”.
El problema de la deuda en moneda extranjera requiere una solución global, que un default no hubiera ayudado a resolver sino todo lo contrario.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 4, 2020
La próxima movida de la provincia para transferirle los subsidios de los colectivos a la Nación se daría a fines de febrero con un pedido formal y concreto de Kicillof al ministro de Transporte, el massista y ex intendente de Junín, Mario Meoni, para crear una comisión específica que se encargue de revertir la situación actual.
En tanto, en lo que respecta a los subsidios destinados a la “tarifa social eléctrica” y a los medidores comunitarios de los barrios carenciados, la jugada bonaerense pasa por introducir el tema en el momento en que los funcionarios nacionales se sienten a negociar con las distribuidoras las nuevas condiciones contractuales y la salida del congelamiento tarifario que, en principio, se extiende hasta el segundo semestre del año.
Si bien aún no fue dado formalmente de baja, los funcionarios de Kicillof sostienen que el acuerdo gestado por el anterior gobierno macrista para transferir el control de Edenor y Edesur a la Ciudad y la provincia ya ha quedado en el olvido, al igual que el ente bipartito iba a controlar a esas empresas.
Tanto el gobernador Kicillof, como el ministro Simone impulsan ahora otro esquema de regulación, que prevé la creación de un nuevo ente tripartito (integrado por la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires) para controlar a las dos distribuidoras eléctricas que abastecen a los usuarios de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.
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