Tras cuatro años de bajo perfil y trato directo con los funcionarios macristas del sector que habían salido en su gran mayoría de sus equipos gerenciales, las generadoras eléctricas decidieron modificar la estrategia y mostrar una actitud más confrontativa en su relación inicial con el gobierno de Alberto Fernández.
Si bien su principal preocupación pasa por evitar demoras en los pagos mensuales que debe afrontar la Cammesa por la energía entregada al sistema, las empresas generadoras resolvieron endurecer su posición luego de toparse con dos medidas de la Secretaría de Energía que conduce Sergio Lanziani y del ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas que marcan un nuevo tono más intervencionista del Gobierno.
Por un lado, les cortaron la habilitación que habían obtenido del macrismo para comprar por su cuenta el combustible necesario para alimentar sus equipos. A partir de enero, el Estado por medio de la Cammesa ha vuelto a centralizar las adquisiciones del gas natural y los combustibles líquidos que utilizan las usinas térmicas.
Y por otro lado, frenaron una maniobra orquestada antes del cambio de Gobierno por el ex Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y el ex titular del BICE, Francisco Cabrera para darle a las generadoras privadas que son accionistas de las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín una mayor porción societaria que la que les correspondía en función de lo que habían aportado al Foninvemem, el fideicomiso creado en 2005 con las acreencias acumuladas a favor de las productoras de energía por las facturas impagas de la Cammesa.
La primera reacción de las generadoras ante las nuevas reglas de juego fue salir al ruedo con la difusión de la nota enviada al titular de la Cammesa, el camporista Esteban Kiper en la cual le piden que “en forma urgente arbitre todas las medidas necesarias para evitar demoras en los pagos de las transacciones del mercado eléctrico y cancele a la mayor brevedad las sumas adeudadas con los intereses correspondientes”.
La nota firmada por el titular de AGEERA (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica), Daniel Garrido resaltó que aún no han recibido los pagos completos de las transacciones del mes de octubre y que esa situación “afecta la cadena y obligaciones de pago con proveedores y contratistas, el flujo de fondos y el normal funcionamiento de las empresas".
Al igual que las petroleras que se reunieron esta semana con el presidente Alberto Fernández; las principales generadoras --Pampa Energía, Central Puerto, ENEL, AES, Albanesi y Orazul Energy—también quieren llevar sus reclamos a la Casa Rosada para obtener alguna definición del Jefe de Estado que permita despejar la incertidumbre que sobrevuela entre empresarios e inversores con respecto a la política de mediano y largo plazo que se implementarán a partir del segundo semestre cuando expire el plazo del congelamiento tarifario que impuso la ley de emergencia.
Si bien hacia afuera comparten el planteo general que impulsan las principales y más antiguas compañías del sector que tienen más márgenes y espaldas para afrontar los primeros meses de la nueva administración, puertas adentro de AGEERA buena parte de las nuevas generadoras que entraron al sistema durante la administración macrista arrastran una preocupación adicional que las deja más expuestas a los cimbronazos económicos por la demora en los pagos de la Cammesa.
Con el respaldo y la garantía oficial que daban los contratos dolarizados de la venta de energía a la Cammesa, muchas empresas financiaron la instalación de sus usinas a partir de 2016 con bonos en moneda extranjera y créditos tomados en el exterior.
Pero ahora se encuentran en una situación límite y con un riesgo creciente de caer en default con sus proveedores y acreedores externos por el anuncio oficial de “desdolarizar” las tarifas y los pagos parciales y tardíos de la Cammesa.
Aunque no lo admitan publicamente, algunas de las nuevas generadoras serían partidarias de aceptar una determinada modalidad de “pesificación tarifaria” a cambio de extender algunos años los contratos originales de venta de energía que vencen entre 2023 y 2027.
Cuando sondearon esa posibilidad a nivel oficial, las empresas comprobaron que no hay un criterio uniforme entre los funcionarios del sector. Mientras los colaboradores de Lanziani se mostraron proclives a una variante de ese tipo, los asesores de Kulfas y Kiper descartaron de plano esa alternativa.
Nota editada en www.letrap.com.ar
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