Casi al mismo tiempo en que los técnicos del PJ daban a conocer una serie de propuestas para reformular las áreas energéticas, el informe de la consultora internacional contratada por el Gobierno para analizar la situación actual y proponer un nuevo marco regulatorio dejó al descubierto que lejos de haber corregido los problemas heredados, la administración macrista va camino a dejar un complejo y crítico panorama tanto para los agentes del mercado eléctrico , como para las nuevas autoridades que deberán encarrilar varias cuestiones clave vinculadas con el funcionamiento y la concreción de las inversiones necesarias para la expansión del sistema.
El trabajo de la consultora norteamericana NERA Economic Consulting –que fue contratada por la CAMMESA por indicación del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui--destacó, entre sus conclusiones más relevantes, que el mercado eléctrico enfrenta los siguientes riesgos asociados con el precio, la disponibilidad y el transporte de gas:
– Inadecuadas señales para expansión de la generación.
– Limitaciones para la contractualización de la demanda.
– Falta de mecanismos adecuados para la remuneración de la potencia.
– Carencia de una adecuada expansión del transporte eléctrico.
– Pese a que está autorizada por las normas vigentes, la CAMMESA no tiene posibilidad de cortar el suministro por falta de pago de las distribuidoras.
- Una marcada dificultad para hacer cumplir la obligación de suministro impuesta por ley a las distribuidoras.
– La CAMMESA no ha podido dejar atrás su rol de comprador de energía y combustibles que no estaba previsto dentro de sus funciones originales.
- Fuerte distorsión tarifaria a nivel nacional dada la autonomía en las decisiones de- los entes provinciales para actualizar las tarifas.
– Cuadros tarifarios expuestos a una alta vulnerabilidad ante variaciones bruscas del tipo de cambio.
El extenso informe de la consultora NERA –que tuvo como socios locales a dos especialistas de la consultora BA Energy Solutions identificados con el macrismo: Claudio Guidi y Jorge Espain—fue entregado a mediados de setiembre al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien al ver que el Gobierno quedaba mal parado decidió no hacerlo público hasta después de las elecciones del 27 de octubre.
Entre otras definiciones relevantes, el informe advirtió lo siguiente:
a) La metodología para determinar la eficiencia de los costos de capital y de operación y mantenimiento a transferir a las tarifas de distribución es similar en las distintas jurisdicciones provinciales con empresas distribuidoras privatizadas y reguladas. Sin embargo, los criterios para definir qué costos son eficientes son propios de cada regulador y no responden a estándares comunes.
b) Al no existir para la actividad de distribución un sistema de contabilidad regulatoria común a todas las jurisdicciones, implementado y ajustado, los reguladores no cuentan con la información actualizada y real de las distribuidoras reguladas. Este fenómeno es inherente a estos procesos regulatorios y se conoce como “asimetría de la información”, lo que significa que el regulador nunca dispone del grado de detalle sobre los costos e información operativa de las empresas reguladoras.
c) En las empresas propiedad de los estados provinciales que no están reguladas por un ente independiente, no se explicitan las metodologías y criterios utilizados para establecer la eficiencia de los costos que se transfieren a las tarifas de distribución.
d) Las zonas de mayor recurso renovable se encuentran alejadas de los centros de demanda. Esto ha congestionado el sistema de transporte que actualmente constituye una limitante para la ampliación del parque renovable.
e) Sin embargo, ni Transener ni las transportistas troncales están obligadas a ampliar sus instalaciones. Las ampliaciones al sistema de Transporte existente son realizadas por Transportistas Independientes, que quedan cubiertas por el régimen tarifario establecido en el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.
f) Pero dicho mecanismo de ampliación ha demostrado no ser suficientemente eficiente para expandir la capacidad de transporte y acompañar el crecimiento de la demanda y la incorporación de nueva generación al sistema, no existiendo hasta el presente un procedimiento establecido para hacer un plan consensuado de transporte compatible con la generación a ser incorporada.
g) Claramente el diseño regulatorio actual no ha logrado ser satisfactorio para permitir ampliaciones que acompañan la demanda. Incluso en los 90 antes de la crisis del 2001, los mecanismos competitivos de ampliación no resultaron ser exitosos, y es por esto que se precisó de planes especiales, como el Plan Federal I y II, donde se crearon cargos específicos trasladables a tarifa para permitir repagar nuevas obras.
El trabajo de los consultores privados convocados por el Gobierno mostró que las gestiones de Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Lopetegui al frente del área energética no pudieron resolver los problemas y las falencias operativas que venía arrastrando el sector eléctrico.
“Un generador térmico enfrenta incertidumbres con el precio, disponibilidad y transporte de gas al no tener reglas claras y sostenidas en el tiempo. Si bien actualmente existe disponibilidad de gas dado el aumento de producción y la menor demanda de energéticos, faltan reglas claras asociadas al reconocimiento de los costos variables de producción de las centrales, necesarios para efectuar posibles contratos de venta de energía”, destacó el informe.
Tras señalar que “por la falta de transparencia en el mercado de capacidad / potencia, no existe un adecuado mercado de potencia que permita lograr eficaces señales de inversión en generación y reservas”, el trabajo alertó que las resoluciones 19/2017 y 1/2019 “apuntan a dar una señal de pago de potencia en dólares para mantener disponibles las centrales ‘viejas` fijando cargos por tecnología y escala, pero sin adoptar criterio sobre la cantidad de potencia a ser remunerada para dar una adecuada señal de reemplazo o mejora de plantas ineficientes”.
Con respecto al funcionamiento de la CAMMESA, el informe resaltó que por cuestiones políticas “está imposibilitada de aplicar penalidades a la demanda transada a precio estacional no pagada por las distribuidoras y acumula potenciales deudas de difícil cobrabilidad”. Agregó además que “desde la crisis de 2001 cumple funciones que no estaban originalmente previstas en el marco regulatorio porque gestionando y centralizando la compra de combustible para las usinas térmicas”.
A la hora de puntualizar las principales fallas y omisiones de las autoridades energéticas macristas, el análisis de la consultora privada enumeró lo siguiente: falta del rol planificador para las ampliaciones en transporte y distribución troncal; fracaso de iniciativas libradas a las fuerzas del mercado y carencia de una planificación orientativa para la generación y la expansión del transporte en el corto, mediano y largo plazo.
En lo que respecta a la problemática ligada a los precios de la energía eléctrica, el informe detectó una “vulnerabilidad del modelo regulatorio de precios frente a alteraciones bruscas de las variables macroeconómicas al estar las tarifas de distribución y transporte fijadas en pesos ajustables según índices de inflación y salarios, mientras que los costos de generación son mayormente en dólares”.
En cuanto a los entes reguladores del sector, la evaluación de la consultora es que existe una evidente debilidad de la función reguladora por las cuestiones y orientaciones políticas que afectan la independencia de los controladores tanto a nivel nacional, como en las provincias.
Fuente: Transporte y Energía
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