El cambio en las reglas de juego que definen los subsidios a las petroleras por el gas de Vaca Muerta tendrá un doble impacto negativo en el corto y mediano plazo que afectará tanto al actual gobierno macrista, como a la futura administración nacional que surgirá de las elecciones presidenciales previstas para el último trimestre del año.
Tras varias semanas de negociaciones que no llegaron a buen puerto y obligado por los compromisos asumidos con el FMI para reducir el déficit fiscal, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui resolvió recortar de 1.300 a 650 millones de dólares las compensaciones económicas que el Estado desembolsará duranta 2019 por las producciones de gas no convencional de los yacimientos de Vaca Muerta y Santa Cruz.
La poda en los subsidios –que afecta principalmente a la petrolera Tecpetrol del grupo Technit—se sustenta en una reinterpretación de los parámetros tomados en cuenta a la hora de definir los montos finales de los estímulos fiscales.
A partir de ahora, el gobierno macrista pagará el subsidio que les asegura a las petroleras durante este año un ingreso de 7 dólares por MMBTU solo por las producciones iniciales que habían estimado las empresas.
De esta manera, el Estado no reconocerá el total de la producción real de gas que registran las petroleras en el marco del programa de beneficios de la resolución 46/2017 que había instrumentado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Con esta modificación de los criterios de pago establecidos hace menos de dos años, el Gobierno prevé “ahorrarse” unos 650 millones de dólares y mostrarles a los técnicos del FMI que están achicando los subsidios energéticos para alcanzar la pauta del “déficit primario cero”.
Además de limitar los subsidios a las producciones estimadas originariamente por las empresas que entraron en el régimen de estímulos, Lopetegui confirmó no se aprobarán nuevos proyectos de este tipo y que aquellas iniciativas que estaban en trámites no serán incorporadas al esquema de compensaciones.
El primer impacto negativo por la alteración de las reglas que estaban vigentes ha sido la decisión de las petroleras más afectadas de llevar sus reclamos a la Justicia y ponerle un freno a las inversiones que tenían programadas para este año.
Tecpetrol –del grupo Techint—es la principal afectada porque en vez de cobrar subsidios por los casi 18 millones de metros cúbicos diarios que produce actualmente en Fortín de Piedra sólo será compensada por los 8,5 millones de metros cúbicos diarios iniciales que había estimado cuando pidió acogerse al plan de beneficios fiscales.
A las pocas horas de la decisión oficial, Tecpetrol informó a la Bolsa que “el cambio de criterio en forma retroactiva representa hasta septiembre 2018 un menor pago de 1.994 millones de pesos y si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a 5.655 millones de pesos”.
Según la petrolera de Techint, la medida del Gobierno “impacta negativamente en el flujo de fondos de la sociedad, por lo que se decidió revisar los términos del plan de desarrollo del área, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros”.
Por su parte, YPF—la petrolera cuya mayoría accionaria pertenece al Estado—también comunicó a la Bolsa que las medidas tomadas por Lopetegui “difieren de lo previsto originalmente y afectan de manera perjudicial tanto los proyectos que se encontraban a la espera de recibir la aprobación formal de la Secretaría como así también el monto a percibir vinculado a proyectos aprobados a la fecha bajo el Programa".
De acuerdo con los cálculos de YPF, "el efecto negativo en el resultado neto del ejercicio 2018 es de aproximadamente 2226 millones de pesos", por lo cual el directorio de la petrolera ya advirtió que va a revisar las inversiones que estaban previstas bajo el esquema anterior.
Según los números que barajan abogados y analistas del sector, si Tecpetrol e YPF deciden reclamar en la Justicia los subsidios correspondientes a la totalidad de sus producciones hasta 2021 en que finaliza el programa de incentivos, el Estado se expone a afrontar una doble demanda por indemnización no inferior a los 1.500 millones de dólares.
A ese lastre que heredarían las próximas administraciones se agregarían los reclamos económicos de las otras petroleras que estaban inscriptas en el programa de estímulos de Vaca Muerta a la espera de la autorización final de las autoridades nacionales luego de haber obtenido el visto bueno de los funcionarios de la provincia de Neuquén.
Los proyectos que Lopetegui que decidió dejar en el camino corresponden a Pampa Energía, Exxon Mobil, Petrobras, Shell, Pluspetrol, Total y la propia YPF.
El segundo coletazo del recorte de los subsidios a Vaca Muerta se produciría a mediados de febrero cuando las distribuidoras acuden a la “subasta” de gas para atender las demandas del período invernal.
Hasta hace un mes, el Gobierno confiaba en que las petroleras iban a “moderar” sus pretensiones de aumentos de precios para las entregas de gas en los meses de baja temperatura. Eso había llevado al ex secretario de Energía, Javier Iguacel a calcular un aumento de solo el 35% en las tarifas a los usuarios a partir de abril.
Pero ahora, con las petroleras disconformes con la decisión de Lopetegui lo más probable es que los precios que deberán pagar las distribuidoras sean más elevados y cercanos a los valores de importación. En ese caso, los incrementos que tendrían que afrontar los usuarios dentro de dos meses no bajarían del 55%, sumando un nuevo motivo de irritación social.
Fuente: Transporte y Energía
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país