A escondidas y sin la comunicación oficial que correspondía a un ajuste de tarifas reguladas por el Estado, el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich autorizó un polémico aumento en los peajes de los PPP viales que no solo representa un “premio” indebido para los concesionarios que arrastran serios incumplimientos contractuales, sino también un peligroso antecedente legal que beneficia a las constructoras que no iniciaron las obras comprometidas y están en la mira de la justicia por el pago de sobornos.
Por medio de tres resoluciones de Vialidad Nacional, la cartera de Dietrich convalidó una actualización del 45% al 66% en los peajes de las rutas nacionales y de la autopista Ezeiza-Richieri-Cañuelas que no estaba en el radar de las empresas transportistas y que, junto con el incremento en los combustibles, disparará un nuevo encarecimiento de los fletes y costos logísticos.
En el caso de los seis nuevos PPP viales, los aumentos en los peajes afrontan un serio cuestionamiento debido a que todos los contratos están en condiciones de ser rescindidos y solo se mantienen en pie por los “parches” y “salvatajes” no previstos en las reglas licitatorias que viene adoptando la administración macrista para no reconocer el fracaso político y económico de las estas concesiones.
Por los incumplimientos acumulados, el Gobierno ya estaría en condiciones de darle de baja a las concesiones de los Corredores A (Paolini y Vial Agro), B (Green y CCA), C (José Cartellone) E y F (Helport, Panedile, Eleprint y Copasa) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil).
Pero lejos de aplicar las normas vigentes, Dietrich decidió a fines de 2018 morigerar la obligación de conseguir financiamiento privado que tienen las constructoras adjudicatarias de las obras. En lugar presentar la totalidad de la asistencia financiera exigida para las obras de los primeros cuatro años, ahora las concesionarias sólo tienen que obtener un apoyo crediticio que cubra los trabajos del primer año de los contratos.
Y hace menos de un mes, les concedió a las concesionarias una nueva prórroga de 90 días para que puedan cumplir con las obligaciones y trámites de los contratos que tienen atrasados desde el último trimestre de 2018.
Otro dato que no se puede soslayar y que hace más revulsivo los aumentos de peajes otorgados a las empresas incumplidoras es que los cinco consorcios de los PPP viales tienen a sus principales dueños y ejecutivos procesados y seriamente comprometidos en la causa de los cuadernos de las coimas que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío.
Los empresarios de los PPP viales quedaron comprometidos por el pago de sobornos y aportes ilegales que salieron a la luz tras las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, las declaraciones del ex titular de la CAC, Carlos Wagner, los dichos del ex timonel del Occovi, Claudio Uberti y los datos entregados por el ex financista K, Ernesto Clarens.
Desde el punto de vista legal y regulatorio, las resoluciones de Vialidad que autorizaron las subas en los peajes constituyen –según los letrados especializados en contratos y obras públicas—un antecedente negativo para el Estado que complicaría el futuro accionar de los funcionarios a la hora de sancionar a los concesionarios.
Es que pese a los atrasos e incumplimientos acumulados, la administración macrista les reconoció a las empresas la “preservación de la ecuación económica-financiera del contrato”.
Los aumentos en los peajes que deben pagar los usuarios de las rutas donde no se hicieron las obras comprometidas se aplican –según el Gobierno – “a los fines de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los contratos”.
Otra arista polémica de las resoluciones de Vialidad es la referida a la situación planteada con la estación de peaje Carcarañá de la autopista Rosario-Córdoba, que forma parte del Corredor F a cargo del consorcio integrado por el grupo Eurnekian, Panedile, Eleprint y Copasa.
En este caso y ante el deterioro de la autopista por la falta de obras, el Gobierno decidió “suspender temporalmente” el aumento que estaba previsto en los peajes.
Lo más llamativo es que la falta de obras y las calzadas en mal estado que en este caso sirvieron de argumento para frenar el incremento tarifario, también se verifican en todos los tramos y segmentos de las rutas y autopistas de los PPP viales, a los cuales la administración macrista benefició con subas de hasta el 66% en los peajes.
Fuente: Transporte y Energía
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