El flamante Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui decidió dejar de lado una de las principales medidas tarifarias que había anunciado la administración de Mauricio Macri el año pasado y que contaba con el visto bueno de los representantes de las otras dos patas de Cambiemos: la UCR y Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Se trata del esquema de “tarifa plana” para los usuarios residenciales del servicio de gas natural que el Gobierno había anticipado con bombos y platillos en el último cuatrimestre de 2018.
El régimen tarifario que Lopetegui dio de baja había sido pensado para morigerar el impacto sobre los bolsillos de las elevadas facturas de gas que reciben las familias y clientes domiciliarios durante los meses de invierno donde se registran los mayores consumos del año.
En setiembre pasado, cuando se oficializó la entrada en vigencia del último ajuste en el gas de hasta casi el 50%; la administración macrista salió a comunicar que a partir de enero de este año iba a empezar a regir un nuevo sistema de “tarifas previsibles”.
Para evitar los bruscos saltos en las boletas que se registran en invierno, la “tarifa plana” que ahora quedó en el camino apuntaba a prorratear todos los consumos de enero a diciembre para que los usuarios abonasen un suma promedio uniforme durante los seis bimestres del año.
El esquema de tarifa plana –que ya había sido aplicado durante la gestión kirchnerista en dos períodos anuales—fue la salida que encontraron en su momento Macri y el ex secretario de Energía, Javier Iguacel para calmar los cuestionamientos internos que los radicales y los “lilitos” habían levantado contra los fuertes aumentos de tarifas que se aprobaron en el segundo semestre de 2018.
Los primeros sondeos que hizo Iguacel con las distribuidoras de gas para medir el grado de aceptación de la tarifa plana arrojaron posiciones dispares. Las distribuidoras más grandes como Metrogas y Naturgy (ex GasBan) estaban de acuerdo siempre y cuando las petroleras aceptaran cobrar el gas bajo un esquema similar de prorrateo anual. En tanto, el resto de las gasíferas veían muy complicada y problemática la instrumentación tanto a nivel general, como en los casos de los inquilinos que se mudan.
Para justificar la marcha atrás dada con la tarifa plana de gas, lo más probable es que desde el nuevo equipo de Energía que pilotea Lopetegui salgan ahora a argumentar que existen problemas técnicos que hacen muy complejo e inconveniente el cambio de los parámetros de facturación.
Pero más allá de ese “relato’, hay quienes no descartan que en el cambio de parecer del Gobierno haya tenido influencia la posición de los productores de gas que eran reacios a la modificación tarifaria.
En las reuniones que vienen manteniendo con Lopetegui por el pago de los subsidios comprometidos por el Gobierno para estimular la producción de campos no convencionales de gas en Vaca Muerta, las petroleras le hicieron saber que no iban a aceptar los cobros prorrateados y que si se aplicaba ese esquema iban a exigir que las distribuidoras y los usuarios se hagan cargo de los costos financieros originados por los cambios en el modo y la forma de facturación del combustible.
Junto con el costo político que implica la anulación de la tarifa planta, el nuevo titular de Energía también se encamina a tener que cargar con otro “lastre” heredado de la gestión de Iguacel.
Un día antes de ser eyectado del Gobierno, Iguacel comunicó a los medios que a partir del abril va a entrar en vigencia un nuevo aumento en la tarifa de gas del 35%.
El problema que enfrentan ahora los nuevos responsables de Energía es que no saben que variables y datos utilizó Iguacel para calcular ese aumento del 35%.
Las cuentas y proyecciones de los técnicos que acompañan a Lopetegui estarían indicando que el ajuste en juego es más elevado y llegaría alrededor del 50%.
Si se confirma esa estimación, a Macri le quedarían dos caminos. Admitir el error y autorizar un ajuste superior al anunciado o tomar la decisión política de acotar parte del ajuste para el primer semestre del año y trasladar el resto para después de las elecciones.
Fuente: Transporte y Energía
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