30/12/19

Las gasíferas apuntan a municipios por el impacto de las tasas en las facturas

Las distribuidoras lanzan una campaña para explicar cómo se compone el costo total del servicio. El ránking de las localidades que más imposiciones establecen. El drama eterno de los subsidios.

Por Antonio Rossi


Tras la certeza dada por la aprobación de las emergencias previstas en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de que las tarifas actuales regirán hasta el segundo semestre de 2020 y con la intervención del ente regulador en camino, las distribuidoras de gas no piensan quedarse quietas y buscan aprovechar cualquier oportunidad que se les presente para exponer su situación y los riesgos que implicaría volver a una política de congelamiento prolongado como la registrada durante la anterior administración kirchnerista.

Una de las primeras movidas que han puesto en marcha para mostrar que no son las únicas malas de la película tarifaria es el "esclarecimiento al público" acerca de cómo se componen las facturas del servicio y quiénes son los que se llevan la mayor parte de las sumas que pagan los usuarios.

Amparadas en una resolución del Enargas, las gasíferas decidieron así “escrachar” a los municipios al dar a conocer cuánto cobran por las tasas y permisos locales que aplican al servicio de distribución de gas.

La que picó en punta con esta modalidad es Camuzzi Gas Pampeana -la distribuidora controlada por un fondo de inversión del ex Edenor Alejandro Macfarlane-, que publicó una solicitada en la que expuso las nuevas cargas fiscales que embolsan los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Según el listado difundido por Camuzzi Gas Pampeana, el municipio que encabeza el ránking de los que más cobran en concepto de tasas locales es el de Navarro, con 31,34 pesos por cada factura que reciben los usuarios del partido.

Tras precisar que se trata de los "tributos que se incorporan en las facturas por líneas separadas", Camuzzi destacó que en los partidos bonaerenses se cobran los siguientes ítems: Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene; Tasa de Actividades Varias; Derecho de Ocupación del Espacio Público y Contribución Unificada a Grandes Contribuyentes Prestadores de Servicios Públicos.

Según el extenso listado difundido por la distribuidora pampeana, el municipio que encabeza el ránking de los que más cobran en concepto de tasas locales es el de Navarro, con 31,34 pesos por cada factura que reciben los usuarios del partido.

El segundo lugar lo ocupa Benito Juárez con 28 pesos por factura mensual. A continuación se ubica el municipio de General Paz con 24,18 pesos por cada boleta.

Le sigue en el cuarto puesto, el partido de Lobos, donde la carga fiscal local es de 22,04 pesos por factura. Y completan el podio de los seis que más cobran los municipios de Ensenada –con 20 por factura—y Cañuelas, con 13,33 por cada boleta remitida a los usuarios.

En las próximas semanas, las restantes distribuidoras -Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Gas del Sur y EcoGas- prevén salir al ruedo con una jugada similar para mostrar la situación que se registra en los municipios y comunas de la región metropolitana y el interior del país.

La flamante ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva congeló las tarifas de gas natural a nivel nacional y las de energía eléctrica de Edenor y Edesur hasta junio de 2020. Además, determinó las intervenciones del Enargas y el ENRE y la reversión del proceso de transferencia de Edenor y Edesur a las jurisdicciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que preveía la creación de un nuevo ente eléctrico metropolitano.

Junto con el freno a los aumentos, la ley de emergencia facultó al Gobierno a "iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente o una revisión de carácter extraordinario" para fijar los nuevos valores de esos servicios.

En línea con lo que se había anunciado en la campaña electoral, el texto de la ley ómnibus de emergencia destacó que la renegociación de los contratos con las gasíferas y eléctricas buscará "propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020".

El ajuste estacional que estaba pautado para octubre fue suspendido por el gobierno de Mauricio Macri por motivos electorales. Y ahora, con la ley de emergencia queda clausurada cualquier posibilidad de aumento y de reconocimiento de mayores costos operativos como mínimo hasta julio próximo.

El relato elaborado por las gasíferas hace foco en que prácticamente la totalidad de sus ingresos mensuales -que conforman el denominado VAD (Valor Agregado de Distribución)- proviene del cobro de las facturas a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Ese componente de la factura -que representa alrededor del 30% del total de la factura que paga un cliente, ya que el 70% restante corresponde al valor del gas y a las cargas impositivas- se mantiene sin actualizar desde abril de este año.

El ajuste estacional que estaba pautado para octubre fue suspendido por el gobierno de Mauricio Macri por motivos electorales. Y ahora, con la ley de emergencia queda clausurada cualquier posibilidad de aumento y de reconocimiento de mayores costos operativos como mínimo hasta julio próximo.

Las distribuidoras aseguran que no tienen margen para afrontar y absorber el impacto inflacionario, que ya supera el 50% anual, a menos que las nuevas autoridades las autoricen a frenar por completo las inversiones comprometidas en los contratos vigentes o las auxilie con un aporte económico transitorio para cubrir los aumentos salariales hasta el segundo semestre de 2020.

Más allá de lo que suceda con las renegociaciones y los nuevos valores que pagarán los usuarios, lo que está claro es que el sendero de disminución de los subsidios tarifarios que venía implementado el anterior gobierno pasará al olvido, al menos, durante todo 2020.

En diciembre de 2015, los subsidios cubrían el 86% de la tarifa real del servicio, mientras que el 14% restante estaba a cargo de los usuarios. Tras los marcados aumentos tarifarios que se autorizaron durante la gestión macrista, a mediados de este año la porción pagada por los usuarios había ascendido a casi el 90%, quedando el nivel de subsidios en solo un 10%. Pero la debacle económica y la fuerte devaluación que sobrevinieron tras el resultado de las PASO trastocaron esa relación, dejando un nuevo cuadro de arranque para la administración de Alberto Fernández en el que prácticamente se encuentran igualados en torno del 50% tanto el nivel de subsidio que desembolsa el Estado como la parte del costo real del servicio que abonan los usuarios.

Nota Editada en Letra P