La movida ya ha comenzado a generar ruido y una creciente polémica. Para algunos se trata de una jugada para la “tribuna electoral” que no tendrá efecto concreto alguno. Pero para otros que conocen a fondo los engranajes del sector resulta acción positiva que pone a resguardo a los funcionarios y deja al descubierto los desmanejos registrados en los últimos años con los subsidios a las empresas de colectivos.
El ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich puso en marcha el mecanismo legal para exigirle a unas 66 compañías de ómnibus de corta y larga distancia la devolución de algo más de 500 millones de pesos que recibieron en concepto de subsidios tarifarios y que no se destinaron a mantener y mejorar la prestación de los servicios.
Por medio de cuatro resoluciones de la Secretaría de Gestión de Transporte, la administración macrista procedió a aprobar las “rendiciones de gastos” que presentaron las empresas de colectivos de la región metropolitana y del interior del país por los destinos dados a los subsidios y compensaciones económicas que recibieron entre los años 2014 y 2016.
Tras haber analizado y revisado los papeles y documentos presentados por unas 520 empresas de ómnibus beneficiarias de los subsidios tarifarios y ayudas estatales previstos en los regímenes del SISTAU (Sistema Integrado de Transporte Automotor) y de las Compensaciones Complementarias (RCC), los funcionarios de Transporte procedieron a rechazar en forma total las “rendiciones de gastos” de 66 compañías que prestan servicios urbanos y de larga distancia.
Según la evaluación oficial, esas empresas no cumplieron con la presentación de las declaraciones juradas requeridas por las normas vigentes y tampoco “han podido demostrar que hayan utilizado los fondos recibidos en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”.
En las resoluciones que fueron publicadas la semana pasada en el Boletín Oficial, “se instruye a la Subsecretaría de Transporte Automotor para que proceda a iniciar las acciones de recupero de los montos de los subsidios” cuyos destinos las empresas de colectivos no han podido justificar.
En el caso de las líneas de la región metropolitana, lo que busca recuperar la cartera de Dietrich trepa a casi 232 millones de pesos. En este segmento, la principal “deudora” con 220,3 millones de pesos por los subsidios que embolsó en 2016 es la firma “Ecotrans”, una sociedad del grupo Plaza-Cirigliano que prestaba servicios en varias trazas de la zona oeste.
En tanto, en el grupo de empresas urbanas del interior del país donde hay 52 líneas “bochadas”, la principal incumplidora es la UTE conformada por ERSA del grupo Romero y Autobuses Santa Fe por los servicios que prestan en Córdoba y por los cuales deberían reintegrar casi 63 millones de pesos de subsidios sin justificar.
A continuación se ubican entre las que más tendrían que devolverle al Estado las siguientes empresas: Micro Ómnibus 3 de Mayo de Río Negro (33,9 millones de pesos); Ciudad de Córdoba (25 millones de pesos); Cooperativa de Provisión de Transporte de Santiago del Estero (17 millones de pesos); UTE Los Pumas de Tucumán (14,1 millones de pesos); Transporte Automotor Integral Sur de Santa Cruz (13,5 millones de pesos); Autobuses Provincia de Córdoba (12,4 millones de pesos) y Transporte Integral Kre de Tierra del Fuego (11,8 millones de pesos).
Y por el lado de las compañías de larga distancia, la principal “deudora” por subsidios no rendidos de 2016 resulta Plus Ultra con 23,2 millones de pesos seguida por Rápido Argentino (17,5 millones de pesos); Turismo Parque (11 millones de pesos); Nueva Empresa Godoy (10,5 millones de pesos) y Almirante Brown (9,4 millones de pesos).
Más allá de representar una sana y auspiciosa iniciativa salir a recuperar los subsidios no justificados, la jugada del Gobierno macrista corre el riesgo de quedar a mitad de camino debido a que las principales deudoras se encuentran en convocatoria de acreedores o camino a la quiebra.
Son los casos del grupo Plaza-Cirigliano (la ex operadora de Ecotrans y las empresas de larga distancia Plus Ultra y Rápido Argentino) y la empresa ERSA del grupo Romero que principios de febrero solicitó su concurso preventivo de acreedores en medio de una fuerte crisis financiera “generada por el impacto de la devaluación, la suba de los costos operativos, el atraso tarifario y la reducción de subsidios”.
Fuente: Transporte y Energía
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