Casi al mismo tiempo en que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich sacaba a la luz otra medida de auxilio para las nuevas concesionarias que no estaba prevista en los pliegos licitatorios, ni en los contratos de adjudicación; el juez federal, Claudio Bonadío le asestó el golpe de nocaut a los PPP viales que la administración macrista quiere mantener en pie contra viento y marea.
En la nueva ronda de citaciones a indagatorias que dispuso a principios de febrero, Bonadío incluyó --entre casi 100 empresarios-- a los dueños de las cuatro constructoras locales de las nuevas concesiones viales de los PPP que permanecían transitoriamente al margen de la megacausa de la cartelización de obras públicas y los sobornos pagados a los funcionarios del gobierno kirchnerista por la obtención de millonarios contratos.
Se trata de Carlos Eduardo Arroyo y Carlos Daniel Roman, los timoneles de la constructora mendocina Green S.A.; Gustavo Weis de Eleprint: Mario Rovella de Rovella Carranza y Julio José Paolini de la constructora Paolini, quienes deben presentarse a prestar indagatoria entre fines de febrero y los primeros días de marzo en los tribunales federales de Comodoro Py.
Tras el estallido judicial que se produjo en el segundo semestre del año pasado por de los cuadernos de las coimas, cuatro de los cinco consorcios que habían ganado los seis corredores de los PPP viales quedaron salpicados por tener entre sus integrantes a constructoras procesadas por Bonadío.
Los que quedaron marcados en ese momento fueron los nuevos concesionarios del “Corredor A” por Vial Agro; del “Corredor C”, por José Cartellone; de los “Corredores E y F, por Helport —del grupo Eurnekian— y Panedile y del denominado “Corredor Sur” por la constructora JCR
Los dueños y directivos de esas empresas quedaron comprometidos por el pago de sobornos y aportes ilegales por las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, las declaraciones del ex titular de la CAC, Carlos Wagner y los dichos del ex timonel del Occovi, Claudio Uberti.
Pero ahora, Green SA, Eleprint, Rovella Carranza y Paolini también han quedado manchadas por los pagos de coimas y sobornos junto con otras 60 constructoras del interior que, si bien no figuraban en los cuadernos de Centeno y en las declaraciones de Wagner y Uberti, si aparecieron en los datos y aportes efectuados por ex financista K, Ernesto Clarens.
De esta manera, ahora los cinco concesionarios de los PPP viales han quedado en la mira de Bonadío con una alta probabilidad de que todas las constructoras locales que conforman esos consorcios queden procesadas.
Las nuevas citaciones de Bonadío –que también incluyen a la ex presidenta Cristina Kirchner y ex autoridades de Vialidad Nacional—están fundadas en las documentaciones y listas de empresarios que entregó Clarens como arrepentido en la causa de los sobornos pagados por las obras públicas que administraba el ex ministerio de Planificación de Julio De Vido.
Sobre la base de la lista de Clarens, Bonadío ordenó a mediados de enero el allanamiento de más de 80 empresas en busca de información sobre el pago de sobornos. Los procedimientos incluyeron a varias de las grandes compañías que ya fueron mencionadas en la causa, pero también a otras empresas –entre ellas Green SA --que hasta el momento habían quedado fuera del expediente.
En la licitación vial efectuada a mediados del año pasado bajo el régimen de PPP, la constructora Green SA asociada con el grupo chino CCA había ganado la concesión del denominado “Corredor B” que comprende los trayectos más transitados de la Ruta Nacional 5.
Green es una empresa que ha sido salido muy beneficiada en los últimos tres años con el otorgamiento de millonarios contratos de obras públicas tanto del actual gobierno porteño, como de la administración nacional macrista.
El Jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta le adjudicó unos de tres tramos del megaproyecto del Paseo del Bajo por alrededor de 200 millones de dólares y las principales obras de elevación de las vías de la línea San Martín valuadas en 100 millones de dólares.
Para la cartera de Dietrich que Green aparezca pegada en la megacausa de los sobornos de Bonadío resultó una pésima noticia.
No sólo porque estaba en el consorcio que hasta ahora venía “limpio”, sino porque además integra la única UTE que supuestamente tendría más avanzadas las gestiones para conseguir financiamiento para las obras y evitar la salida extrema de la rescisión del contrato que enfrentan las restantes concesionarias viales.
Según los anuncios oficiales, Green y su socia china CCA contarían con la ayuda crediticia de un consorcio de bancos orientales que aportarían los recursos comprometidos para las obras del Corredor B una vez que obtenga el aval de la asegurada China Cinda Asset Management.
Pero como ese trámite se demora más de la cuenta, Dietrich decidió introducir dos cambios contractuales sustanciales que no estaban contemplados en las reglas de juego de la licitación.
A fines de diciembre y a contramano de las posturas en contra de los PPP de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y de la cartera de Hacienda de Nicolás Dujovne, el ministro de Transporte morigeró la obligación de conseguir financiamiento privado que tienen las constructoras adjudicatarias de las obras. En lugar presentar la totalidad de la asistencia financiera exigida para las obras de los primeros cuatro años, ahora las concesionarias sólo tendrán que obtener un apoyo crediticio que cubra los trabajos del primer año de los contratos.
Y en la primera semana de febrero, Dietrich decidió darles a las concesionarias una nueva prórroga de 90 días para que puedan cumplir con las obligaciones y trámites de los contratos que tienen atrasados desde el último trimestre de 2018.
Además de favorecer a Green, con estas jugadas forzadas Dietrich también busca salvar la operación en camino para remplazar a Cartellone en el Corredor C por la empresa norteamericana Astrid. Dicha movida depende del apoyo prometido en la cumbre del G-20 por Donald Trump para que la agencia gubernamental de crédito estadounidense OPIC avale el desembarco de la nueva constructora, algo que por ahora viene muy lento y sin fecha cierta de definición.
Para las restantes concesiones, el panorama se presenta poco alentador por la negativa mostrada por los bancos y los fondos de inversión para financiar las obras en juego.
Hoy por hoy, el Gobierno ya estaría en condiciones de darle de baja a las concesiones de los Corredores A (Paolini y Vial Agro), E y F (Helport, Panedile, Eleprint y Copasa) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil).
Pero para no tener que afrontar el gran fracaso político de esa medida, la administración macrista prevé seguir manteniendo los PPP viales con un respirador artificial, aunque no se cumplan los plazos contractuales y se sigan acumulando atrasos en el inicio de las obras que debían arrancar el año pasado. Fuente: Transportey Energía
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