El nuevo “tarifazo” para el servicio del gas que tendrá un impacto final de hasta el 75% en las boletas de los hogares, comercios e industrias y la atípica compensación de 24 pagos mensuales para las petroleras prevista a partir de enero promete convertirse en un serio problema para el gobierno macrista que se sentirá con fuerza en tres sectores clave: los usuarios, la oposición política y los tribunales judiciales.
Tal como sucede con la mayoría de las medidas que adopta la administración macrista, los aumentos finales que autorizaron el Secretario de Energía, Javier Iguacel y el ente regulador del gas (Enargas) duplicaron los porcentajes que venían anunciando los funcionarios en las semanas previas.
Las promesas iniciales de Iguacel de aplicar un aumento promedio del 30% en línea con la suba aprobada en agosto para el servicio eléctrico se esfumaron en el aire y ahora los incrementos finales que deberán afrontar los usuarios residenciales, comercios e industrias de todo el país trepan hasta el 75%.
A ese “tarifazo” que regirá retroactivamente desde el 1 de octubre hasta fines de marzo se agregó un irritante y polémico recargo adicional mensual que se aplicará desde enero y por el lapso de dos años destinado a “compensar” las supuestas perdidas por el impacto de la devaluación que tuvieron las petroleras entre los meses de abril y setiembre. Por este concepto, los usuarios tendrán que transferirles a las productoras de gas un monto que supera los 10.000 millones de pesos en medio de un severo ajuste económico y un avance constante de la inflación.
Los aumentos de hasta el 75% que golpearán a los hogares se explican básicamente por las fuertes subas que los funcionarios aprobaron para el valor el gas que cobran las petroleras y que inciden entre el 45 y 47% en la boleta final del servicio.
Sin tener en cuenta el clima social y recesivo que domina la economía, Iguacel decidió “reconfigurar” los precios del gas que pagan los usuarios residenciales y descargar los mayores aumentos en las categorías que tienen los escalones mínimos y moderados de consumo y que, en general, corresponden a los segmentos socioeconómicos de ingresos bajos y medio-bajos.
En el caso de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el aumento del gas para los hogares de menos consumos oscilará entre el 56% y 60%.
En cambio, para las principales ciudades del interior los incrementos en el valor del gas llegan hasta el 130%.
Los usuarios de menos recursos de Córdoba y Mendoza deberán pagar más del doble por cada metro de gas cúbico consumido con relación a lo que venían desembolsando.
Por ejemplo, en Córdoba, los clientes R1 y R 2 que venían pagando entre $ 3,65 y $ 3,82 por cada metro cúbico de gas consumido ahora deberán desembolsar entre $ 7,92 y $ 8,31, lo que lleva el ajuste al 127%. En tanto, para los hogares R22 y R23, la suba será del 115% al pasar de $ 3,82 a $ 8,22 por cada metro cúbico.
En tanto, en la provincia de Mendoza, los incrementos para los hogares R1 y R2 escalarán hasta un máximo de 130%. El precio del gas para los clientes R1 y R21 pasará de $ 3,46 a $ 7,87. Para las categorías R2-2 y R2-3, el aumento se estira hasta el 130%: de $ 3,61 saltará a un rango de $ 8,15y $8,38 por cada metro cúbico.
En el interior de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el aumento llegará al 72% para los consumos de los clientes de menores ingresos: de $ 4,59 y $4,72 el metro cúbico pasará a $ 7,92y $8,31. En tanto, para Santa Fe y Tucumán las actualizaciones para los consumos bajos y medios oscilarán entre el 55% y 70%.
Las reacciones en contra del tarifazo no se hicieron en esperar y se potenciaron tras las irritantes declaraciones de Iguacel que trató de desvirtuar las críticas argumentando que provenían solo de militantes kirchneristas.
El primer frente de rebelión se abrió con las entidades defensoras de los consumidores que repudiaron los ajustes y la insólita compensación por la devaluación reconocida a las petroleras.
Tanto para Consumidores Libres—que conduce el ex diputado nacional, Héctor Polino—como para DEUCO—presidida por Pedro Busetti—la suma adicional que deberán abonar los usuarios desde enero resulta “abusiva, inconstitucional y confiscatoria”.
Tras anticipar que llevaron sus planteos a la Justicia contra los aumentos y el plus compensatorio, los dirigentes de las asociaciones de consumidores destacaron que este tarifazo viene a completar una serie reciente de medidas contra los usuarios hogareños que incluyen la eliminación de las bonificaciones a los menores consumos, la quita parcial de los beneficios de la tarifa social y la caída de los cuadros tarifarios diferenciales que tenían las entidades sociales y de bien público.
El segundo frente “antitarifazo” se armó con los intendentes del Conurbano con una convocatoria destinada a no pagar la compensación por la suba del dólar a las petroleras y a revisar los porcentajes de aumentos que recaerán sobre los clientes de menores recursos.
Esta movida la impulsan los jefes municipales Gabriel Katopodis, de San Martín; Juan Zabaleta, de Hurlingham; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Gustavo Arrieta, de Cañuelas; Andrés Watson, de Florencio Varela, y Ariel Sujarchuk, de Escobar.
La primera acción que acordaron es la presentación de un amparo colectivo contra las medidas del gobierno nacional que califican como “ilegales e irracionales”.
En el mismo sentido irán las actuaciones de la mayoría de los Defensores del Pueblo provinciales y locales. Y los pedidos de informes y proyectos de ley que tienen en las gateras los legisladores nacionales opositores.
A la jugada de los intendentes del PJ podrían sumarse acciones similares de jefes comunales de Cambiemos que no tiene margen ni argumentos para salir a justificar los aumentos ante los cuestionamientos y quejas que afloraran con fuerza de los usuarios de bajos recursos y de clase media que viven en sus territorios.
Tampoco se descarta una reacción del gobernador radical Mendoza, Alfredo Cornejo, quien fue el que encabezó a principios de año una “minirebelión” interna en Cambiemos para amortiguar los aumentos que había aprobado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Ahora, los ajustes autorizados por Iguacel para los usuarios de su provincia son los más elevados a nivel nacional.
Además, en el actual escenario de tirantez y desconfianza que domina la relación entre Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri no sería extraño que la irascible diputada salga a cuestionar los aumentos que la dejaron mal parada porque venía diciendo que los ajustes no iban a superar la inflación.
Al igual que lo registrado con el primer tarifazo del macrismo de 2016 que fue frenado y atemperado por la Corte Suprema, el nuevo ajuste y –sobre todo—la inédita compensación para que las petroleras no sufran el impacto de devaluación van camino a cosechar varias amparos judiciales que terminarán otra vez con una intervención clave del tribunal supremo.
En su fallo de hace dos años, la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, determinó que las tarifas de los servicios públicos deben ser “justas y razonables” y los aumentos “proporcionales” a los ingresos de la gente.
Ahora, la Corte que encabeza el oficialista Carlos Rosenkratz, seguramente deberá volver a tratar el tema y habrá que ver si mantiene el principio anterior de “razonabilidad y proporcionalidad” o convalida los polémicos y cuestionados aumentos.
Fuente: Transporte y Energía
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