Si bien era previsible, la movida oficial para preservar el megacontrato del soterramiento y cubrir a las empresas afines involucradas en la obra (la italiana Ghella y la local Sacde, la sucesora de la ex IECSA que Marcelo Mindlin le “compró” a principios de 2017 a la familia Macri) resultó más polémica y escandalosa de lo esperado.
Con un sesgado y cuestionado informe que demandó casi 15 meses de trabajo bajo una fuerte presión de la Casa Rosada, la comisión oficial creada a mediados de 2017 para investigar si hubo irregularidades en la licitación del soterramiento del Sarmiento llegó a la conclusión de que no hubo "un direccionamiento a favor del grupo contratista” y que tampoco “se ha podido acreditar la existencia de sobreprecios en la obra".
Con esta jugada, la administración macrista busca amortiguar las noticias negativas que provienen del ámbito judicial y mantener en pie el multimillonario contrato que debía financiar el consorcio constructor privado pero que el presidente Mauricio Macri decidió afrontarlo con una partida presupuestaria especial de 3.000 millones de dólares a contramano de lo que establecían los pliegos licitatorios.
En junio del año pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich salió a contrarrestar las críticas y los embates judiciales contra las empresas adjudicatarias del Soterramiento con la creación de una “comisión investigadora” para comprobar si se habían registrado irregularidades y distorsiones de precios en la adjudicación y puesta en marcha de las obras del megaproyecto ferroviario.
Conformada por cinco funcionarios de Transporte y asistidos por dos representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), esa comisión investigadora creada por la resolución ministerial 413/2017 tenía que llevar adelante dos tareas clave. Por un lado, verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten. Y por otro lado, comprobar la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales.
Cuando muchos aguardaban un trabajo final más en sintonía con las investigaciones judiciales que dan cuenta de la existencia de sobreprecios y reformulaciones del proyecto que no estaban permitidas en el proceso licitatorio, la comisión oficial controlada por Dietrich concluyó que “no hay elementos que justifiquen la rescisión del contrato” del Gobierno con el consorcio a cargo de la obra que ahora integran Ghella (71%) y Sacde (29%).
Si bien el informe final de 450 páginas fue aprobado a principios de setiembre, la administración macrista recién decidió largarlo al ruedo en forma parcial durante el último fin de semana. Lo hizo utilizando los medios oficialistas y sin ningún aviso oficial, ni comunicado de prensa.
Asistidos por profesionales de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), los funcionarios de Transporte de la Comisión Oficial aseguraron que no encontraron “entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando" en la Justicia.
Los únicos puntos flojos que hallaron los investigadores oficiales sobre las idas y vueltas del cuestionado proyecto del Soterramiento fueron solo algunas irregularidades, como la ausencia de proyecto y presupuesto legal al momento de la convocatoria al concurso público, un diseño licitatorio que podría no haber incentivado la concurrencia" de múltiples oferentes y modificaciones en las estructuras de financiamiento luego de la adjudicación.
Para los que siguen de cerca los vaivenes de este contrato, la postura de la comisión oficial de minimizar los cambios en el esquema de financiamiento constituye un grave error que puede perjudicar los futuros reclamos del Estado contra las empresas que no cumplieron con las exigencias y las reglas de juego originales.
Además, el tenor del informe oficial deja bien parado a los directivos de Odebrecht que formaban parte del consorcio original del soterramiento y tuvieron que salir del grupo a mediados del año pasado, cuando se supo que habían pagado más de 35 millones de dólares en coimas en la Argentina para hacer ésta obra ferroviaria y otras dos más para la empresa AySA.
Las conclusiones de la comisión controlada por Dietrich van a contramano de las declaraciones conocidas a principios de año ante la Justicia brasileña de Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, quien declaró que le dio 2,9 millones de dólares a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.
"Yo autoricé pagos identificados hasta el momento por valor de 2,9 millones de dólares", dijo Mameri. Y agregó que Javier Sánchez Caballero informó que "había realizado gestiones con los funcionarios públicos, en nombre del consorcio, para que éste pudiese ganar la licitación". Por eso, el directivo de Odebrecht dijo que pagó coimas en la Argentina, ya que "en caso que la empresa no aceptase esas condiciones la empresa quedaría fuera del proceso licitatorio", declaró Mameri en sede judicial.
El fiscal Franco Picardi espera que antes de fin de año la Justicia brasileña le envíe esas declaraciones, junto con el resto de pruebas que acreditan el pago de coimas para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. El mes pasado Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que embargue por 1.000 millones de pesos a las empresas, directivos y ex funcionarios implicados en esta causa de corrupción en la obra pública.
Si bien todo indicaría que Odebrecht sobornó a ex funcionarios K., lo que el Gobierno quiere evitar a toda costa es que se ponga sobre el tapete que desde mediados de la década pasada y hasta 2012, las empresas que llevaron las riendas del consorcio adjudicatario del soterramiento fueron la ex Iecsa y Ghella. Y que si durante ese período hubo pago de coimas como muchos creen, las que habrían desembolsado esas coimas no fueron otras que los directivos de la ex IECSA y Ghella en representación del grupo constructor.
En esa época --donde Odebrecht era un socio minoritario-- las figuras relevantes del consorcio fueron Angelo Calcaterra –el primo hermano del presidente Macri—y Javier Sánchez Caballero, el gerente general de IECSA y asesor de Franco Macri.
A eso se suma otra arista polémica que salpica a la gestión de Dietrich. Es la que involucra al monto total de la primera etapa de las obras que fue convalidado a los pocos días del desembarco de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
El ministro de Transporte aprobó un presupuesto actualizado de 3.000 millones de dólares, pese a que un informe del ex titular de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Ernesto Selzer—que fue ratificado en Tribunales en 2017 -- había advertido que ese monto tenía un sobreprecio del orden de los 1.000 millones de dólares.
Fuente: Transporte y Energía
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