Tras la decisión de la Casa Rosada de dar de baja los proyectos de obras públicas que estaban previstos bajo la modalidad de PPP, los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich y de Interior, Obras Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio dieron nuevas muestras de la falta de coordinación e incongruencia que en forma creciente viene registrando la administración macrista.
Pese al relato oficial que canceló por completo las iniciativas de PPP ante la imposibilidad de financiarlos por la fuerte desconfianza de los inversores y la explosiva suba del riesgo país, el titular de Transporte salió al ruedo con un discurso inverso que intenta mantener a salvo las nuevas concesiones viales que arrancaron hace menos de seis meses.
Según la particular visión de Dietrich, los contratos viales de PPP no corren riesgo y seguirán adelante con algunos cambios en la instrumentación de los financiamientos pendientes.
A contramano de las posturas en contra de los PPP de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y de la cartera de Hacienda de Nicolás Dujovne, el ministro de Transporte pretende modificar arbitrariamente las reglas de juego de las licitaciones viales para morigerar la obligación de conseguir financiamiento privado que tienen las constructoras adjudicatarias de las obras.
En lugar de presentar la totalidad de la asistencia financiera exigida para las obras de los primeros cuatro años, las concesionarias sólo tendrían que obtener un apoyo crediticio que cubra los trabajos del primer año de los contratos.
Esta variante que impulsa Dietrich ya recibió un doble rechazo. Uno interno de Peña y Dujovne que quieren cumplir a rajatablas con el ajuste comprometido con el FMI. Y otro externo de las propias constructoras que no ven ninguna chance de lograr un financiamiento razonable para obras viales en estos momentos en que los mercados y los fondos de inversión no confían en la marcha de la economía y en la capacidad de gestión del Gobierno.
De las seis concesiones viales por PPP, solo dos quedarían transitoriamente en pie a la espera de que logren cerrar antes de febrero los financiamientos exigidos en los contratos.
Una de ellas esa la correspondiente al corredor B (ruta 5) del consorcio conformado por la local Green y el grupo chino CCA. Según los anuncios oficiales, un consorcio de bancos chinos aportaría los recursos comprometidos una vez que obtenga el aval de la asegurada China Cinda Asset Management
Y la otra es la que abarca el corredor C de la ruta 7, donde la constructora Cartellone sería reemplazada por la norteamericana Astrid si se concreta el apoyo prometido por Donald Trump de la agencia gubernamental de crédito OPIC.
En cambio, las que estarían más cercas de caerse son las que conforman los siguientes consorcios: Paolini y Vial Agro (Corredor A); Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (Corredores E y F) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur).
Por su parte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio también ha dejado en evidencia que todavía no se enteró de la caída en desgracia de los proyectos PPP que iban a ser la carta salvadora del Gobierno para apuntalar las obras públicas.
Solo dos días después del freno oficial, el área de Frigerio lanzó una llamativa convocatoria que apunta a contratar consultores privados para el armado y licitación de proyectos de PPP.
Con un aporte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) de casi 280.000 dólares, el llamado a presentar “expresiones de interés de servicios de consultoría” forma parte del denominado “Estudio de prefactibilidad para la elaboración de instrumentos de generación de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP)”.
Según la convocatoria oficial, los servicios de consultoría comprenderán “la elaboración y redacción de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y los respectivos Contratos para la licitación de obras de infraestructura vial, sanitaria, educativa, hospitalaria y/o penitenciaria bajo la modalidad PPP”.
Además, la firma ganadora deberá brindar “asistencia técnica y económico-financiera en la contratación, construcción y operación de servicios y obras de infraestructura bajo la modalidad PPP”.
Las tareas—que estarán divididas en tres fases—se desarrollarán “en estrecha colaboración con el equipo compuesto por la Dirección Nacional de Preinversión, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas como así también con las áreas técnicas del Estado.
Si no prevalece la lógica y el sentido común para dejarla sin efecto, los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de enero próximo para anotarse en la pelea de esta insólita contratación de consultoría para los PPP que cuenta con financiamiento del BID.
Fuente: Transporte y Energía
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