En la Secretaría de Energía y en la Casa Rosada se hacen los desentendidos y tratan de quitarle relevancia a la cuestión. Pero en el ámbito de los consultores y empresarios del sector energético, la versión viene tomando impulso desde hace varios días y ya hay quienes le dan altas chances de que se concrete en los próximos meses.
De cara al año electoral que se avecina y con el doble fin de morigerar los aumentos de precios y controlar la inflación, la administración macrista tendría en carpeta tres medidas clave para mantener a raya los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios energéticos durante buena parte de 2019.
El “paquete” que barajan los técnicos del área de Energía que conduce Javier Iguacel comprendería las siguientes jugadas:
--Un cambio en las reglas de juego que deje transitoriamente de lado la libertad que tienen las petroleras para aumentar los precios de los combustibles en cualquier momento. Se buscaría implementar un nuevo esquema de adecuación trimestral o semestral para los precios finales de los surtidores.
--Un virtual “congelamiento” del precio de gas que las distribuidoras privadas les compran las petroleras para abastecer a los usuarios residenciales y comercios. La intención es prorrogar el actual valor de 4,20 doláres por MMBTU que acordaron las productoras y distribuidoras para los meses de verano al período de mayor consumo que se extiende de abril a setiembre.
--La renegociación de los precios en dólares que tienen los generadores eléctricos privados por la potencia puesta a disposición y la energía entregada al sistema interconectado. En este caso, la idea sería avanzar hacia una suerte de “pesificación” de los contratos que remunera la CAMMESA bajo el marco de la resolución 19.
En el caso de los combustibles líquidos, Iguacel –con la venia del presidente Mauricio Macri—se sentaría a negociar con las petroleras un acuerdo destinado a evitar durante buena parte de 2019 los constantes aumentos de precios que vienen aplicando las empresas a principio de cada mes.
La intención del gobierno macrista sería acordar un nuevo sistema de actualización de los precios de los combustibles que, sin dejar de lado las variaciones del tipo de cambio y la cotización internacional del crudo, se aplique cada tres o seis meses.
De esta manera se frenarían los ajustes permanentes que practican las petroleras y se daría una sensación de estabilidad que podría contribuir a una desaceleración inflacionaria en plena campaña electoral.
Para que esta movida tenga éxito, será determinante tanto el rol que adopte YPF por su posición relevante en el mercado, como las “ventajas o beneficios” que ofrezcan a las petroleras los funcionarios como compensación futura.
En lo que respecta al tema del gas, el objetivo del macrismo es reducir al mínimo la actualización tarifaria programada para el período abril-setiembre donde se registran los mayores consumos hogareños por la incidencia de las bajas temperaturas.
Para que los aumentos finales queden acotados solamente a los mayores costos operativos de las distribuidoras y transportadoras, los funcionarios quieren extender el actual precio del gas de 4,20 dólares por MMBTU hasta los últimos meses del próximo año.
Para eso necesitan “convencer” a las productoras que tienen que hacer un aporte con el fin de superar los impactos negativos de la recesión y la caída del consumo que sobrevinieron tras las medidas derivadas del acuerdo con el FMI.
Junto con esta jugada para congelar el valor del gas a los usuarios residenciales, el equipo de Iguacel prevé llevar adelante otra medida de tinte electoral: la instrumentación de la “factura plana” para que unificar los montos de las facturas y evitar los fuertes picos de aumentos del invierno.
Y en el caso del sector eléctrico, lo que está en la mira son los contratos dolarizados que tienen los generadores privados por la potencia disponible y la energía despachada al mercado mayorista que administra la CAMMESA.
En principio, la lupa estaría puesta sobre los negocios derivados de la resolución 19/2017 por los “compromisos de disponibilidad garantizada por la potencia y energía de las usinas” que no están comprometidos en otros contratos de abastecimiento.
Los valores de esos contratos registraron un fuerte aumento en dólares durante la gestión del ex ministro Juan José Aranguren. Pero ahora, la administración de Iguacel cuenta con menos recursos presupuestarios y quiere reducir las remuneraciones iniciales y “pesificarlas” para que no sigan atadas a la cotización de la divisa estadounidense.
Los rumores sobre estas modificaciones generaron una marcada inquietud en los miembros de AGEERA, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina que fue creada en 1992 y nuclea a las principales empresas privadas del sector.
Las consultas acerca de la factibilidad de los cambios en danza ante los técnicos de la CAMMESA y la Secretaría de Energía dejaron a los generadores con más preocupaciones que certezas.
Y si bien aún no aparecen el horizonte, los que conocen el paño y las urgencias electorales del Gobierno no descartan que también pueda registrarse alguna alteración en las reglas de juego establecidas para los generadores térmicos que se adjudicaron los contratos dolarizados de provisión de potencia y energía a mediano y largo plazo.
Fuente: Transporte y Energía
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