Pese al nuevo “relato” de la Casa Rosada que apunta a desestimar el impacto negativo de la medida, la poda de 30.000 millones de pesos en el presupuesto de las obras públicas --que dispuso el gobierno de Mauricio Macri para calmar a los mercados e inversores que reclamaban un ajuste fiscal-- va camino a afectar en forma directa al sector de la construcción y a las provincias opositoras mucho más que las administradas por los gobernadores oficialistas.
La “tijera oficial” recaerá básicamente sobre los planes de obras que llevan adelante los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich y de Interior, Rogelio Frigerio en rutas, aeropuertos, ferrocarriles, terminales portuarias, viviendas, hospitales, acueductos y programas hídricos.
Aunque los funcionarios nacionales no lo admitan en público, los recortes en los fondos destinados a obras de infraestructura golpearán con más fuerza a los estados del interior que están en manos de la oposición.
Ante las primeras quejas de los mandatarios provinciales de Cambiemos –con María Eugenia Vidal a la cabeza--, desde las carteras de Dietrich y Frigerio les enviaron señales tranquilizadoras de que la reducción presupuestaria los afectará en un nivel mínimo y que, en caso de ser necesario, no descartan compensar las partidas afectadas por otras vías alternativas para poder mantener el ritmo de las obras publicas en esos distritos.
Al analizar los números oficiales se aprecia que el recorte de 30.000 millones de pesos aplicado en las obras públicas representa practicamente la mitad de lo que la administración macrista había previsto destinar a lo largo de 2018 en “Inversión Real Directa” (IRD).
La ley de presupuesto 2018 asignó un total de 202.392 millones de pesos para obras públicas a cargo de la Nación. De ese total, 62.245 millones de pesos quedaron en la columna de la IRD, mientras que los restantes 140.147 millones de pesos se incluyeron como “transferencias de capital a las provincias”.
El principal temor que tienen los ministros de Economía y Obras Públicas de las provincias opositoras es que en los próximos meses se registren nuevos recortes en los fondos comprometidos para obras públicas si no se llegan a controlar las tensiones cambiarias y la Nación decide profundizar la receta del ajuste fiscal.
En ese caso, el achicamiento de los fondos para infraestructura afectará tanto a las partidas correspondientes a la IRD, como a las transferencias de capital que esperan recibir las provincias.
De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que preside Rafael Flores, la reducción de los fondos para infraestructura es algo que se viene registrando desde el inicio de 2018.
“Consolidando la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital, en el primer trimestre de 2018 la Administración Nacional asignó cerca de $22.700 millones del gasto en provincias y municipios, un 17% menos que el monto devengado en igual período de 2017 (-$4.676 millones.)”, advirtió el trabajo divulgado horas antes de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne anunciara las medidas de ajuste.
En el renglón de gastos de capital, las transferencias de la Nación a las provincias totalizaron en el primer trimestre del año 11.990 millones de pesos, unos 5200 millones de pesos menos que en el mismo período de 2017.
El análisis de la ASAP puso sobre el tapete un dato más que llamativo: en el período enero-marzo de este año, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta embolsó 2075 millones de pesos en transferencias para gastos de capital e inversión real directa, un 339% más que la suma que había recibido en el primer trimestre de 2017.
En cambio, en las provincias patagónicas los envíos de fondos por esos mismos conceptos registraron –con respecto a los primeros meses de 2017—significativas caídas del 82% en el caso de Santa Cruz, 61% en Tierra del Fuego y 56% en Chubut.
Más allá del tibio apoyo brindado a la reacción oficial orientada a calmar a los mercados y a despejar la incertidumbre sobre la gobernabilidad, en la Cámara de la Construcción se encendieron varias luces de alerta y preocupación.
Al impacto negativo que sobrevendrá por el recorte de 30.000 millones de pesos en las partidas de obras públicas, las constructoras le agregan la inevitable caída que sufrirán las obras originadas desde el ámbito privado.
La suba de la tasa de interés al 40% y la reducción de gastos e inversiones para cumplir con la nueva meta que prevé recortar el déficit fiscal de 3,2% a 2,7% provocarán –según la visión que comparten los empresarios y los principales economistas no alineados con el Gobierno—un doble coletazo: el encarecimiento del crédito y los costos financieros y el enfriamiento del consumo y la actividad económica.
Fuente: Transporte y Energía
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