En medio de las preocupantes señales provenientes de fondos de inversión y grandes constructoras que indican una escasa predisposición a presentar ofertas en la licitación lanzada para los nuevos corredores viales bajo el régimen de PPP (Participación Pública-Privada); el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel quiere implementar un drástico ajuste que apunta a cerrar las cinco escuelas técnicas específicas que tiene el organismo con el consiguiente despido de 300 agentes y docentes de esos establecimientos educativos.
Dentro de su estructura organizativa, Vialidad Nacional cuenta con una red educativa para capacitar y promover la incorporación al sector de nuevos técnicos y especialistas en cuestiones viales. Las denominadas “Escuelas Técnicas de Vialidad Nacional” que imparten diferentes niveles de formación y especialización se encuentran localizadas en al Capital Federal, Santa Fe, Chubut, Tucumán y Santa Cruz.
El primer indicio negativo para la continuidad de esas escuelas técnicas que actualmente tienen un total de 1200 alumnos había surgido en octubre del año pasado, cuando el gobierno nacional aprobó el decreto 794/17 que abrió la puerta al desguace y privatización de las actividades y servicios de Vialidad Nacional por medio de la creación de la nueva empresa bautizada con el nombre de “Corredores Viales SA”.
A partir de ese momento, el funcionamiento de las escuelas entró en zona de riesgo y a tiro de una decisión política que en cualquier momento dispusiera su levantamiento definitivo.
A principios de febrero y con el visto bueno del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, las autoridades de Vialidad pusieron en marcha una fuerte ofensiva para clausurar las escuelas técnicas.
De manera unilateral y sin ninguna comunicación oficial previa, la titular de Recursos Humanos de Vialidad, Carolina Rodríguez les comunicó a los directores de las escuelas que se suspendían las inscripciones de alumnos para este año. Paralelamente, los docentes y agentes afectados a los centros educativos se toparon con la ingrata sorpresa de que no les habían depositado los sueldos de enero y que la mayoría fueron dados de baja de la AFIP.
Ante el pedido de explicaciones realizado por el Frente de Gremios Viales, la funcionaria que depende de Iguacel justificó la movida argumentando que una investigación interna había detectado presuntos desmanejos de fondos y negociados con las escuelas y los programas de estudios que tuvieron lugar durante la anterior gestión kirchnerista de Vialidad.
En ese momento, Rodríguez repitió los puntos salientes de una nota operada por el Gobierno en los medios oficialistas que hizo hincapié en que la planta transitoria docente, así como sus designaciones y los títulos otorgados eran “ilegales y no reconocidos por el Ministerio de Educación; que el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (responsable del aval académico) estaba caído y que Vialidad no podía seguir abonando haberes de profesores y docentes.
Según Rodríguez, ningún docente iba a poder cobrar hasta tanto la justicia se expidiera acerca de las irregularidades señaladas en esa investigación interna y que las citadas escuelas debían pasar a la órbita de la UTN.
Tras los reclamos y cuestionamientos que cosecharon de los gremios y de distintos referentes de la oposición, la semana pasada la conducción de Vialidad aflojó en parte la embestida y propuso una salida alternativa.
Por boca de misma Rodríguez, el Gobierno le manifestó a los directores de las cinco escuelas técnicas que existe la voluntad oficial para mantener el proyecto educativo pero luego de una profunda corrección y restructuración organizativa, que los sueldos no se habían liquidado por un error de la AFIP y que las futuras pautas de funcionamiento iban a surgir de un nuevo convenio con la UTN que se estaría firmando en las próximas semanas.
Más allá del discurso y la promesa oficial, hasta ahora los 300 docentes y 1.200 alumnos de las escuelas técnicas viales siguen en la nebulosa y a la espera de una solución definitiva. A ellos se agregan los más de 500 egresados de los últimos años, cuyos títulos fueron puestos en duda por la investigación interna de Vialidad.
En el caso de la Escuela Técnica que funciona en el barrio porteño de Mataderos en el predio del Primer Distrito de Vialidad Nacional, existe otro gran motivo de preocupación que torna muy oscuro el panorama del establecimiento educativo. Es la firme decisión de las administraciones macristas de la Nación y la Ciudad de vender los terrenos para permitir la realización de un meganegocio inmobiliario.
El 28 de septiembre pasado, la Legislatura porteña aprobó el proyecto de la agencia inmobiliaria gubernamental ABBE que califica al edificio de Vialidad “en desuso” y abre la puerta para la venta a inversores y constructores privados. Y acto seguido, la misma Legislatura modificó las normas de rezonificación para habilitar la construcción en el predio de dos torres de oficinas y viviendas.
Además de afectar la continuidad de la escuela, esta decisión también puso en riesgo el lugar de trabajo de los casi 400 empleados que están bajo la órbita de acción del Primer Distrito de Vialidad.
Fuente: Transporte y Energía
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