19/02/18

Marcado deterioro en el parque móvil de los colectivos urbanos por la falta de inversiones y los cortocircuitos entre las empresas y el Gobierno

Por Antonio Rossi


En el carril opuesto al relato oficial que pregona una amplia mejora en el servicio desde la llegada Mauricio Macri a la Casa Rosada, las empresas de colectivos de la región metropolitana enfrentan un preocupante panorama por la prematura descapitalización del parque móvil de sus unidades.

Por las normas vigentes, las líneas de colectivos que operan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires tienen que renovar cada año unos 1.850 vehículos que equivalen al 10% de la flota total de unidades que están en actividad.

Pero lejos de llegar a esa cantidad, en los dos primeros años de gestión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, las compañías transportistas no pudieron cumplir con ese mínimo de inversión y acumularon una diferencia negativa de 603 unidades.

Del total de 3700 colectivos que tendrían que haber salido de circulación y reemplazados por nuevos en el período 2016-2017, sólo se pudieron incorporar al servicio unas 3097 unidades.

Los datos oficiales sobre la evolución del patentamiento de colectivos O km. exponen el siguiente cuadro de situación:

--En el último año (2017), de los 1.850 vehículos que debían sustituirse sólo se renovaron 1.415, un 23 % menos.

--En 2016, la renovación alcanzó a un total de 1.682 colectivos, un 10% menos de lo previsto.

En tanto, para los tres últimos años del gobierno kirchnerista, los números muestran una situación que si bien es dispar, deja finalmente un saldo positivo.

--Entre 2014 y 2015, el recambio total abarcó a 3.200 colectivos, unos 500 vehículos menos de los que tenían que renovarse.

--Pero esa diferencia negativa quedó practicamente compensada por la renovación en exceso que se había registrado en 2013. Ese año, las empresas superaron la meta de incorporación de unidades nuevas con casi un 29% más de colectivos: 2.380 versus 1850.

Tanto los empresarios como los funcionarios del área reconocen que el menor reemplazo de colectivos tiene un triple efecto negativo: descapitaliza a las compañías transportistas, acelera el deterioro del parque móvil y baja la calidad del servicio prestado a los usuarios que, entre otras desventajas, se ven privados de contar con unidades nuevas equipadas con equipos de aire acondicionado en los meses de intenso calor.

A la hora de identificar las causas que han llevado a no poder cubrir el nivel mínimo de inversión en el recambio de colectivos, los directivos de las líneas urbanas apuntan las siguientes razones: la falta de actualización de los costos operativos reales de las líneas, la creciente litigiosidad, las distorsiones impositivas y inflexibilidad normativa y los prejuicios hacia el sector de los funcionarios que condicionan la actividad a largo plazo.

La inédita situación dada por la imposibilidad de las empresas de cumplir con las inversiones mínimas de modernización del parque móvil fue planteada en forma directa al ministro Dietrich por las cinco cámaras del sector: AAETA, CEAP, ACTA, CETUBA y CTPBA.

Por medio de una nota remitida hace dos semanas, los dueños de los colectivos que prestan servicios urbanos le advirtieron al Gobierno lo siguiente:

--“Nuestra actividad transporta cada día 10 millones de personas en la región metropolitana y es imperioso volver a equilibrar la ecuación por la seguridad de los pasajeros. El año pasado se produjo un retroceso en la calidad y seguridad del servicio ya que se presta con unidades cada vez más deterioradas al no tener las empresas las condiciones económicas y regulatorias razonables como para sostener y operar una actividad de riesgo y alta demanda social de manera segura y eficiente”.

--“Muchas empresas no sólo han dejado de renovar su parque, sino que están acumulando pasivos para cubrir sus costos operativos, mientras que otras manifiestan que no saben cómo cubrir las obligaciones previsionales y laborales en los próximos meses”.

--“Las fuertes inversiones en infraestructura y tarifa social que efectúa el Gobierno para mejorar las condiciones de accesibilidad operativas y sociales en el transporte debe tener su correlato en cubrir los costos de operación del servicio y las condiciones económicas para la inversión en material rodante, tecnología y recursos humanos para que los servicios sean posibles de ser brindados de manera segura y eficiente”.

Fuente: Transporte y Energía