16/11/18

Marcada desprolijidad administrativa de Peña y Dietrich: nombran con retardo a un Director de Transporte que ya se fue del Gobierno a principios de año

Por Antonio Rossi


Las desprolijidades normativas de la administración macrista son cada vez más marcadas y evidentes.

Anuncios de medidas que no se concretan, anticipos que al trasladarse a los hechos quedan a mitad de camino y engendros legales que lejos de aportar claridad generan más confusión son algunos ejemplos de la “negligencia” y mala praxis administrativa que se observan en casi todas las áreas del Gobierno.

La última muestra de esos “desaguisados” normativos tuvo como protagonistas al Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Por medio de una decisión administrativa (DA), Peña y Dietrich concretaron la designación tardía de un “director nacional” del área de Transporte que desempeñó sus funciones entre fines de 2015 y principios de 2018 y que fue desplazado del puesto hace más de siete meses.

La insólita medida quedó plasmada con la publicación en el Boletín Oficial de la DA 1786/18 por la cual el Gobierno procedió a nombrar a Gustavo Deleersnyder como Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo “a partir del 10 de diciembre de 2015 y hasta el 12 de marzo de 2018”.

Junto con ese atípico nombramiento “oficial” de Deleersnyder –quien dejó de formar parte del Gobierno en marzo de este año--, la DA también autorizó los pagos “de los suplementos económicos por ejercicio de la función pública” que establece el “Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Convenio”.

Protegido por Dietrich, el ex director de Transporte Fluvial y Marítimo ya había quedado en el candelero a fines de 2016 por una denuncia inicial impulsada por empresarios navieros por presunta evasión y adquisición de propiedades en el exterior con fondos no justificados.

Tras no haber sido tenida en cuenta por los letrados de Transporte y de la Oficina Anticorrupción (OA) de Laura Alonso, esa denuncia llegó a manos del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, quien finalmente decidió elevarla a la justicia federal.

De acuerdo con los datos aportados por Rodríguez, Deleersnyder habría incurrido en el delito de “evasión fiscal agravada” durante su actividad privada desplegada entre enero de 2008 y diciembre de 2015 como “Práctico del Río Paraná” por la conjunción de las siguientes acciones y maniobras: omisión maliciosa de facturación; creación de empresas y cuentas bancarias off shore; percepción en el exterior de servicios prestados y no facturados y adquisición y explotación de inmuebles en el exterior con dichos activos provenientes de la evasión.

Según la denuncia que quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán, el ex funcionario de Transporte habría creado una sociedad offshore con el objetivo de facturar en el extranjero servicios locales y, de esa forma, evadir impuestos.

Asimismo, la presentación de la PIA hizo foco en la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que Deleersnydeer habría utilizado para comprar activos con el dinero obtenido de las empresas offshore.

Por su parte, en octubre del año pasado, la División de Fiscalización Regional Norte de la AFIP también decidió abrir una investigación propia para evaluar la situación de Deleersnyder, los ingresos facturados entre 2008 y 2015 y la consistencia de sus declaraciones juradas.

Fuente: Transporte y Energía