02/01/18

Macri ordena recortar gastos pero Aranguren contrata asesores privados para vender las acciones estatales de Transener

Por Antonio Rossi


En medio de los anuncios oficiales que dan cuenta de la inminente puesta en marcha de un plan de ajuste para recortar gastos y personal estatal con el fin de achicar el déficit fiscal, el ministerio de Energía de Juan José Aranguren sorprendió a propios y extraños con la aprobación de un gasto que resulta más que llamativo y polémico.

Pese a que la gran cantidad de profesionales y entendidos en la materia que existen en el ministerio y en el Gabinete nacional, la cartera de Energía decidió contratar a una consultora privada para que “la asesore y le diga” cómo tiene que hacer para vender las acciones de la transportista eléctrica Transener que están en manos de la empresa estatal Enarsa.

Por medio de la disposición 527/17, el Subsecretario de Coordinación Administrativa de Energía, Marcelo Blanco autorizó la contratación de consultores privados por un monto de 24,2 millones de pesos para las tareas de asesoramiento financiero a los funcionarios que dependen de Aranguren.

Según la disposición publicada en la última edición del Boletín Oficial de 2017, en los próximos días se efectuará un llamado a “concurso público nacional” con el fin de contratar “un servicio de consultoría para la valuación, el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (CITELEC), y la asistencia al ministerio durante la negociación y el cierre financiero de la operación”.

El tiempo que durarán las tareas de asesoramiento será de seis meses y las empresas oferentes deberán acreditar, entre otros antecedentes, las intervenciones que tuvieron en los últimos cinco años en procesos de fusiones y adquisiciones, transacciones de compra y venta de activos y asesorías financieras que hayan superado los 100 millones de dólares.

Lo que el Gobierno quiere vender con la asistencia de asesores privados es el 50% de las acciones de CITILEC –la sociedad controlante de Transener—que están en poder de la empresa estatal Enarsa.

Enarsa había ingresado en CITILEC a mediados de 2007 cuando en una operación conjunta con Electroingeniería compraron a medias la mitad del paquete accionario que estaba en manos del Petrobras.

Y en setiembre del año pasado, la energética estatal –que conduce Hugo Balboa, un incondicional de Aranguren– logró duplicar su participación en CITILEC al quedarse con las acciones que tenía Electroingeniería.

La venta de acciones de CITILEC representa el primer paso de la gran movida privatizadora en el área energética que el Gobierno lanzó pocos días después de las elecciones de octubre por medio del polémico decreto 882/17.

Además de ordenar la creación de la nueva empresa estatal IESA (Integración Energética Argentina SA) que nacerá de la fusión por absorción de Enarsa y Ebisa, esa norma dio vía libre para vender las usinas y acciones de generadoras y transportadores eléctricas que están bajo la órbita del Estado.

Junto con la autorización oficial para privatizar las acciones y los activos energéticos, el decreto también introdujo una novedad relevante que ya ha levantado fuertes cuestionamientos políticos.

Se trata de la aceptación por parte del Gobierno de los “papeles de deuda” que recibieron los generadores privados de la CAMMESA en los últimos años por la energía entregada al sistema eléctrico que no pudieron cobrar en efectivo.

Esos “bonos” –denominados técnicamente LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir)—se tomarán como parte de pago de las usinas y las acciones estatales que saldrán a la venta en los próximos meses.

Los principales tenedores de esos “títulos eléctricos” que se perfilan como los grandes beneficiarios de la decisión oficial son Central Puerto—que tiene entre sus accionistas relevantes a Nicolás Caputo, el socio y amigo íntimo del presidente Mauricio Macri--, Pampa Energía (Marcelo Mindlin), el grupo italiano ENEL, AES, Duke y grupo Albanesi.

Así, como si fuera un “déjà vu”, la administración macrista vuelve a utilizar el mismo mecanismo de privatización de la época menemista cuando se enajenaron los principales activos estatales a cambio de papeles de deuda.

Fuente: Transporte y Energía