El reordenamiento de las atribuciones ministeriales que impuso la administración macrista por medio del decreto de “necesidad y urgencia” 1117 constituye la antesala de un cambio de fondo relevante que promete iría más allá de un mero “avance” del Jefe de Gabinete, Marcos Peña sobre las carteras que comandan Nicolás Dujovne (Hacienda), Guillermo Dietrich (Transporte) y Rogelio Frigerio (Interior, Obras Públicas y Vivienda).
La movida de la Casa Rosada, que dejó como claro ganador político al titular de la Jefatura de Gabinete, constituiría el primer paso del Gobierno para tapar el fracaso de las nuevas concesiones de los PPP viales y volver al tradicional sistema de contratación de obras públicas.
Con las nuevas y amplias atribuciones conferidas por el DNU, Marcos Peña estará en condiciones de anular y dar de baja los PPP viales que no pudieron estructurarse por la falta de financiamiento y por los contratiempos que afectaron a las empresas adjudicatarias que quedaron involucradas en la causa de “los cuadernos” por los pagos de sobornos durante la gestión K.
De las seis concesiones viales por PPP, solo quedarían en pie dos a la espera de que logren cerrar antes de febrero los financiamientos comprometidos.
Una de ellas esa la correspondiente al corredor B (ruta 5) del consorcio conformado por la local Green y el grupo chino CCA. Según los anuncios oficiales, un consorcio de bancos chinos aportaría el financiamiento comprometido una vez que obtenga el aval de la asegurada China Cinda Asset Management
Y la otra es la que abarca el corredor C de la ruta 7, donde la constructora Cartellone sería reemplazada por la norteamericana Astrid si se concreta el apoyo prometido por Donald Trump de la agencia gubernamental de crédito OPIC.
En cambio, las que se darían por caídas son las correspondientes a los siguientes consorcios: Paolini y Vial Agro (Corredor A); Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (Corredores E y F) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur).
Para maquillar el fracaso de los PPP viales y la cancelación de los restantes que estaban previstos en el sector energético y en ferrocarriles, la administración macrista saldría al ruedo con un “relato” basado en que cambiaron las condiciones externas y que resulta necesario y conveniente retomar el sistema tradicional de contratación de obras públicas pese a los limitados recursos y márgenes de acción que deja el acuerdo vigente con el FMI.
La jugada de Gobierno consistiría en “armar” una serie de nuevas licitaciones de rutas, autopistas, obras ferroviarias y líneas eléctricas para lanzarlas durante la campaña electoral del próximo año.
Con el DNU 1117, el Jefe de Gabinete quedó a cargo de los PPP y avanzó sobre atribuciones que hasta ahora tenían los ministros Dujovne, Dietrich y Frigerio.
Según la nueva normativa, Peña tendrá la atribución de "entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada (PPP)".
Además el DNU –que ahora debe pasar por el filtro del Congreso, donde la oposición si actúa unida podría dejarlo sin efecto—también suprime la competencia del ministerio del Interior en la "organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas" y la traslada a la Jefatura de Gabinete, que tendrá la facultad de reorganizar el “Registro Nacional de Constructores de Obra Pública”.
En el caso de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), el DNU establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer la órbita en la cual funcionará dicho organismo teniendo en cuenta “la urgencia de llevar adelante el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), cuyas materias abarcan competencias de distintos ministerios”.
Si bien no quedó definido, lo más probable es que la ACUMAR que estaba en el área del Secretario de Ambiente, Sergio Berman pase al organigrama de la cartera de Frigerio, quien aún conserva el control de las obras de viviendas, agua potable y cloacas en los municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Fuente: Transporte y Energía
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