Envalentonados por la falta de reacción de las autoridades nacionales y provinciales y ante la proximidad de una definición de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín sobre el funcionamiento de las nuevas centrales térmicas de Pilar, dirigentes y legisladores del kirchnerismo bonaerense lanzaron una fuerte movida política que apunta a generar una doble complicación para la administración de Mauricio Macri tanto en el sector energético como en la búsqueda de futuras inversiones.
El primer golpe K que reflotó el conflicto planteado en torno de las usinas termoeléctricas que las empresas APR Energy y Araucaria han instalado en el partido de Pilar provino del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien presentó una demanda contra el municipio pilarense que conduce el macrista Nicolás Ducoté.
Consistió en un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de Pilar para que se declare la ilegalidad de las ordenanzas sancionadas que permitieron la instalación de dos centrales termoeléctricas en parcelas lindantes con el distrito de Escobar. La demanda plantea que las autoridades de Pilar autorizaron la construcción de las usinas en una zona que no estaba habilitada y que las empresas iniciaron las obras antes de que saliera esa autorización.
En tanto, el segundo golpe lo dieron seis legisladores nacionales. Impulsado por la diputada nacional y esposa del intendente de Escobar, Laura Russo, el kirchnerismo presentó en la Cámara Baja un proyecto de declaración de repudio a la puesta en marcha de las dos centrales de generación eléctrica y un pedido de relocalización.
El proyecto que lleva las firmas de Russo, Leopoldo Moreau, Daniel Filmus, Juan Cabandié, Gabriela Cerruti y Rodolfo Salvarezza repite los cuestionados argumentos de los ambientalistas que se oponen a las usinas referidos a que “el funcionamiento de las generadoras pondrá en riesgo la salud e integridad de muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires”.
La ofensiva de la oposición K. encontró a los funcionarios macristas con una postura llamativamente pasiva que no hizo más que acrecentar las dudas y contratiempos que rodea el accionar del Gobierno.
En el ámbito energético, la demora en la entrada en servicio de las usinas de Pilar le está restando sistema eléctrico un aporte de casi 500 MW de generación que resultan esenciales para garantizar el abastecimiento y evitar los cortes de luz en la región norte del Gran Buenos Aires.
Salvo por dos notas oficiales que fueron solicitadas por las empresas afectadas, las autoridades del ministerio de Energía de Juan José Aranguren y los abogados del Gobierno no efectuaron ningún movimiento para tratar de acelerar una definición de la Justicia.
Esa relativa quietud contrastó de manera significativa con la actitud que mostraron y desplegaron los funcionarios del Poder Ejecutivo para destrabar rápidamente el amparo vecinal que había frenado la habilitación y el uso del aeropuerto de El Palomar a las nuevas líneas áreas de pasajeros que operan vuelos de cabotaje.
En tanto, para los operadores de los mercados internacionales y los fondos de inversión, el hecho de que una presentación judicial de vecinos haya paralizado obras donde están en juego desembolsos superiores a los 500 millones de dólares implica sumarle otro dato negativo al clima de nerviosismo que se registra en la consideración que tienen del país desde principios de año por la falta de resultados de la política económica.
En medio de esta situación, los miembros de la Cámara Federal de San Martín ya están analizando las presentaciones que efectuaron las firmas APR y Araucaria para dar vuelta el amparo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. A fines de noviembre pasado, Charvay –tras darle curso a una “acción preventiva de daño ambiental” promovida por la ONG Juvevir--suspendió la operación de las centrales y prohibió el uso del recurso hídrico subterráneo.
En el caso de APR, la extensa presentación hizo foco en tres puntos salientes.
En primer lugar, el escrito resaltó que la central Matheu II tiene aprobados el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la habilitación municipal para el uso del predio, el Certificado de Disponibilidad para Abastecimiento de Agua y los permisos necesarios que muestran que el impacto ambiental se encuentra bien por debajo de los parámetros máximos aceptados por la legislación.
Además agregó que el gasoducto de alimentación ya se encuentra habilitado y la central no opera, ni operará con diesel –como erróneamente invocan los denunciantes—salvo instrucciones de CAMMESA en condiciones excepcionalmente críticas.
En segundo lugar, los letrados de APR plantearon que el juez Charvay no tiene competencia para llevar adelante esta causa puesto que corresponde su tratamiento en los tribunales en lo contencioso administrativo de San Isidro.
Fundaron esa posición en los siguientes argumentos:
--La supuesta contaminación al aire, sonora y visual es de corte netamente local, mientras que tan sólo la presunta afectación al acuífero Puelche podría eventualmente ser considerada –y con un discutible criterio– de tenor interjurisdiccional. Frente a ello es dable concluir que el planteamiento que se efectúa en la demanda no involucra sólo un asunto de naturaleza federal –la degradación de un recurso ambiental interjurisdiccional–, sino, también, otros varios de orden local, como la presunta contaminación visual y sonora denunciada en la demanda.
--La improcedencia de la competencia federal en el caso se advierte a poco que se repare en que en la especie se pretende la declaración de inconstitucionalidad y/o anulación de actos administrativos y ordenanzas eminentemente locales por ser contrarios, entre otros, a la legislación también local.
--Estos hechos determinan la pertinencia de la competencia local. Es que, como lo ha entendido la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en un caso análogo al presente –en el que la causa medioambiental contenía la pretensión de anulación de actos provinciales–, “por regla general, la justicia federal es incompetente para juzgar sobre la validez de las leyes provinciales y de los procedimientos de los funcionarios encargados de su cumplimiento, pues no puede pretenderse que las instancias ordinarias de la justicia federal se transformen en una vía de revisión de las decisiones propias que en ejercicio de sus prerrogativas corresponde a los poderes locales”.
Por último, la tercera arista que resalta APR está vinculada con la imposibilidad de relocalizar la central tal como reclaman los ambientalistas y dirigentes K.
“La central Matheu II presenta características particulares que, por un lado, la vuelven especialmente útil para asegurar un flujo constante de energía, y que, a su vez, significan la virtual inexistencia de impacto ambiental negativo. Su finalidad es la de garantizar un flujo constante en la provisión de energía eléctrica, siendo llamada a actuar únicamente para los supuestos en los que peligre el suministro eléctrico”, destacó el escrito.
Y tras cartón precisó que la usina “no operará de forma constante –ni siquiera operará la mayor parte del año– ya que los equipos instalados presentan la particularidad de poder entrar rápidamente en acción ante picos de demanda o ante alguna situación de emergencia de la caída de otro generador o de una línea de transmisión”.
Fuente: Transporte y Energía
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