23/03/17

Transporte: Denuncian a Dietrich en la Oficina Anticorrupción por los permisos vencidos de los colectivos y la falta de controles

Tras haber quedado en medio de la polémica y las denuncias judiciales que se registraron en el ámbito aerocomercial por los casos Avianca y Flybondi; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich va camino a afrontar una nueva situación conflictiva planteada en torno al negocio de los colectivos de corta y media distancia.

por Antonio Rossi


Con el patrocinio del ex secretario de Transporte, Armando Canosa; la Asociación de Consumidores y Usuarios de la República Argentina (ACUDA) denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) de Laura Alonso que “practicamente todas las empresas que operan las líneas de colectivos en la región metropolitana tienen los permisos vencidos y siguen prestando servicios sin contar con las habilitaciones administrativas correspondientes”.

La entidad que preside Ricardo Espinosa advirtió que “el autotransporte automotor de pasajeros del área metropolitana (AMBA) está sumergido en un verdadero caos. Los denominados “permisos de explotación” que son los títulos que tienen los prestadores para realizar los servicios están casi todos vencidos y, en algunos casos, esa caducidad ya acumula más de 10 años”.

“En vez de realizar los concursos públicos que exigen las normas para la renovación de las licencias, los funcionarios del ministerio de Transporte y de la CNRT que dependen de Dietrich tienen los expedientes arrumbados en distintas oficinas sin que se observe movimiento alguno para normalizar la situación”, destacó la denuncia presentada ante la OA.

La asociación de usuarios resaltó que “las omisiones detectadas no fueron únicamente producto de la desidia, sino que también se presume que existían y existen connivencias fraudulentas entre funcionarios y operadores para mantener esta situación en el aire y sin resolver”.

La denuncia precisó que esta situación ya había sido advertida por la Auditoría General de la Nación (AGN) hace cinco años cuando señaló que “las demoras detectadas en la tramitación de los permisos obedecen principalmente a que en diversas áreas intervinientes en el proceso de análisis y evaluación, los expedientes no registran movimientos, ni intervención alguna por períodos prolongados”.

Para la AGN, la situación planteada “pone de manifiesto la inobservancia de los plazos que fija la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y el Decreto reglamentario N° 1759/72 para la realización de los distintos actos que integran el procedimiento y que se refleja en la tendencia indefinida de solicitudes de renovación de permisos sin resolver, circunstancias esta que, no solo ponen de manifiesto, que el término de “renovación automática” utilizado por la normativa no resulta tal, sino que también menoscaba el procedimiento reglamentario por cuanto genera incertidumbre en la relación entre la Autoridad de Aplicación, el regulador y el permisionario”.

Según lo que detectó la ACUDA, también se registra otra situación totalmente anómala porque, pese a que están obligados a hacerlo, ni los funcionarios de Transporte, ni los del ente regulador están tomando intervención ante los innumerables cambios accionarios y transferencia de permisos que vienen concretando las compañías el sector y que han derivado en una indebida posición dominante de un grupo empresario que presta servicios de corta distancia.

A la titular de la OA, Laura Alonso, la entidad de consumidores le pidió que investigue “la inacción de la cartera de Dietrich” ante la ausencia total de un marco regulatorio del sector como consecuencia de la caída de la ley 12.346 que regulaba todo lo atinente al transporte automotor.

“La ley 26.939 que aprueba el Digesto Jurídico Argentino declaró expresamente que la 12.346 no se encuentra vigente conforme surge del Anexo II en el Segmento Transporte y Seguros Numeral 34, con lo cual todo el sistema se encuentra en el aire y sin una norma que permita que el Estado regule la actividad a la que destina millonarios subsidios mensuales”, precisó la denuncia.

Con los elementos y las pruebas aportados, la asociación de usuarios reclamó una “inmediata investigación de la OA a efectos de adoptar las medidas correspondientes para hacer cesar las ilegítimas omisiones y a su vez denunciar penalmente a los responsables, tanto sean autoridades, como particulares que pudieran estar involucrados”.

Publicado en Informador Público