02/11/17

Profesionales y usuarios rechazan la privatización de Vialidad y los nuevos negocios del “Club del Peaje”


La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPyPSVN) y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazaron el decreto 794/17 del Gobierno Nacional que creo la empresa “Corredores Viales S.A.” por entender que conlleva a una privatización encubierta de las funciones y tareas que tiene asignadas la Dirección Nacional de Vialidad.

Los directivos de ambas entidades destacaron que “reemplazar a Vialidad por “Corredores Viales S.A.” implica la posibilidad de terminar definitivamente con las acciones, competencias y controles ineludibles de un organismo del Estado Nacional que evidentemente perturba los negocios e intereses de la “patria contratista”, los amigos del poder, y molesta el accionar de las empresas que conforman el selecto y nefasto “Club de Peaje”.

“De concretarse este atropello, las rutas, autopistas, autovías y obras viales, y en definitiva toda la red vial nacional, pasarán a ser instrumentos de negocios particulares de unas pocas empresas privilegiadas y engranajes de un círculo vicioso de hiper endeudamiento externo y fuga de capitales. Una hipoteca a largo plazo que hoy pocos pueden advertir, pero que mañana las próximas generaciones de argentinos deberán con mucho esfuerzo hacerse cargo de estos multimillonarios pasivos en moneda extranjera contraídos con total irresponsabilidad a través de estos mecanismos” advirtieron los profesionales y representantes de los usuarios.

Al analizar los alcances del decreto 794, las dos entidades coincidieron en señalar que “Vialidad va camino a dejar de operar bajo la órbita del Estado Nacional para pasar a ser una “S. A.” bajo las reglas de la Ley de Sociedades, sin licitaciones públicas ni reclamos por vías administrativas, y fuera de los controles propios de cualquier ente estatal”.

A su vez consideraron que “los caminos son de dominio público, pagados con creces con nuestros impuestos, y no propiedad de un gobernante o funcionario público. Antes de tomar este tipo de resolución, se debería haber convocado al Personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a las entidades de usuarios viales directos e indirectos y pudiendo participar en la toma de decisiones que deben darse en defensa del interés general”.

Por último reclamaron a las autoridades nacionales y a los legisladores “la implementación de un “proyecto vial integral libre de peaje”, que contemple a toda la red caminera nacional, a través de la reasignación efectiva de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles y la jerarquización definitiva de Vialidad para que sea el organismo rector y ejecutor de toda la política vial de la Argentina”.

Fuente: Transporte y Energía