16/03/17

Polémico negocio energético: el gobierno frena importación de gas y compra fuel oil más caro para las usinas eléctricas

Las compras de combustibles a cargo del Estado para alimentar las centrales térmicas de generación eléctrica han disparado una fuerte polémica interna en el ámbito del ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.

por Antonio Rossi


Por alguna “extraña” razón, en los dos primeros meses del año la administración macrista cortó las importaciones de gas por barco (GNL) y privilegió el uso de fuel oil local que es casi un 70% más caro a la hora de cubrir el abastecimiento de combustible a las usinas de energía eléctrica.

A lo largo del año el país necesita importar entre el 25% y 33% del gas que se consume internamente. En promedio, las compras externas rondan los 30 millones de metros cúbicos diarios (MCD), con picos de hasta 35 millones de MCD en el período invernal. Entre 16 y 18 millones de MCD de gas natural provienen de Bolivia y el resto llega en barcos de GNL que alimentan a las regasificadoras instaladas en la provincia de Buenos Aires.

Curiosamente, en vez de mantener estables las dos fuentes de provisión externa de gas en el arranque del año, el equipo energético decidió interrumpir las adquisiciones de GNL y recibir solo los despachos de Bolivia.

Por primera vez desde 2010, los funcionarios nacionales encargados de programar el suministro a las generadoras térmicas no contrataron en enero y febrero ningún cargamento externo de GNL y dejaron totalmente inactivas a las plantas regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca.

En el caso de la terminal de Escobar, el primer cargamento del año adquirido por la estatal ENARSA -que comanda el ex gerente del grupo Bulgheroni, Hugo Balboa- ingresó el 9 de marzo. Se trata de un barco provisto por Shell que fue reprogramado de las entregas que se habían acordado para 2016. En los dos primeros meses de 2017, la planta de Escobar no registró operaciones y el próximo barco que espera recibir recién está agendado para el 10 de abril.

En tanto, en la planta regasificadora de Bahía Blanca el primer buque de GNL de 2017 tiene como fecha de arribo el próximo 1 de abril. En este caso, la inactividad forzada de la terminal bahiense abarca a todo el trimestre enero-marzo.

En vez de aprovechar los meses más cálidos de menor consumo hogareño para abastecer con gas la demanda de las usinas, el Gobierno decidió maximizar la utilización de combustible alternativo más caro con compras de fuel oil a las refinerías locales.

De acuerdo con los cálculos más conservadores que manejan los especialistas del sector, esta polémica medida habría implicado en el primer bimestre de 2017 un gasto adicional para las cuentas públicas del orden de los 200 millones de dólares.

En la lista de las principales beneficiarias de esta movida -que va en contra de la reducción de costos y el uso más eficiente de los recursos fiscales que pregona el relato oficial- se encuentran las plantas refinadoras de la nacionalizada YPF, la empresa Axión del grupo Bulgheroni, la angloholandesa Shell y la nueva petrolera del grupo Pampa de Marcelo Mindlin heredera de los activos de Petrobras.

Según parece, el ministro Aranguren se anotició de esta situación en los primeros días de marzo cuando sus asesores más cercanos lo pusieron al tanto del asunto.

Tras la sorpresa inicial, Aranguren salió a requerir explicaciones a los funcionarios de la Secretaría de Energía Eléctrica de Alejandro Sruoga, a Enarsa y a CAMMESA, la administradora estatal del mercado eléctrico que llevó adelante las compras de fuel oil.

En principio, las respuestas recibidas no habrían logrado convencer al ministro quien teme que este caso se convierta en un nuevo frente de conflicto si los legisladores y referentes de la oposición salen a denunciar las llamativas compras de fuel oil que beneficiaron a las petroleras locales.

A fines del año pasado, Aranguren ya había quedado salpicado por una denuncia promovida por quien se dice su “amiga”, la diputada nacional, Elisa Carrió.

La legisladora denunció a los integrantes del equipo de Aranguren José Luis Sureda (Secretario de Recursos Hidrocarburíferos); Pablo Popik (subsecretario de Refinación y Comercialización) y Luis Barile (director nacional de Gas Licuado de Petróleo) por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” al haber beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos.

En la denuncia que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, Carrió puso sobre el tapete que por medio de dos resoluciones de junio y agosto pasados, los tres funcionarios “habrían beneficiado directa o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE), Panamerican SUR SA y Refinol eximiéndolas de sus respectivos aportes de gas previstos desde el año 2005 para las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor”.

Según la denuncia de Carrió, hasta antes de asumir en diciembre de 2015, Sureda y Popik estuvieron ocupando altos cargos gerenciales en las empresas del grupo Bulgheroni.

En el caso de Sureda, se desempeñó durante varios años como vicepresidente de Pan American Energy (la petrolera que controla la familia Bulgheroni en sociedad con el grupo chino CNOOC), mientras que Popik fue entre 2012 y 2105 uno de los principales ejecutivos de Axión Energy.

Publicado en: Informador Público