En medio de los coletazos por la sonora renuncia del Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el ministro de Energía, Juan José Aranguren se ha topado ahora con nuevo problema que jaquea su gestión y pone en duda la “lluvia de inversiones” que enarbola la administración macrista.
Para estos días, la cartera energética esperaba contar con la incorporación de 8 centrales térmicas que iban a reforzar con 753 MW el parque de generación del sistema eléctrico nacional.
Pero lejos de lo que marcaban los contratos y las obras comprometidas, los funcionarios sólo han podido cortar las cintas de 2 usinas de 146 MW que representan apenas 19% de la potencia total que debía entrar en servicio en el primer trimestre del año.
Las inversiones atrasadas corresponden a los proyectos que habían sido aprobados entre abril y junio del año pasado en el marco de la resolución 21/2016 para ampliar en el corto plazo la capacidad de generación con pequeñas y medianas usinas térmicas.
Tras dos rondas de ofertas, Aranguren y el secretario de Energía Eléctrica, el ex cavallista Alejandro Sruoga resolvieron adjudicar la contratación por 10 años de un total de 2.871 MW para “satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el verano 2017, el invierno del 2017 y la temporada estival de 2018”.
El 26% del paquete total de MW que fue adjudicado debía habilitarse comercialmente entre mediados de diciembre y el 31 de marzo. Pero de los 753 MW comprometidos para ese periodo, sólo pudo entrar en servicio la quinta parte de la potencia en juego.
Las únicas empresas que lograron poner en marcha -con algunos días de demora- los equipos que habían prometido fueron la privada Genneia y la estatal bonarense Centrales de la Costa.
Genneia -cuyo principal accionista con el 44% es el fondo PointState Argentum-habilitó la central Bragado II de 58 MW y Centrales de la Costa, hizo lo propio con su usina de 88 MW localizada en Mar del Plata.
En tanto, las firmas que tienen sus usinas retrasadas y ya están acumulando fuertes multas son las siguientes:
–APR Energy: Tiene paralizada una central de 215 MW en Matheu que debió haber entrado en funcionamiento el 10 de diciembre pasado. En Pilar, posee otra usina en construcción de 94 MW que tenía que haber sido inaugurada el 27 de enero pasado.
–MSU Río Energy: La compañía del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea se había comprometido a conectar su usina bonaerense de General Rojo de 138 MW el 30 de enero pasado. Pero ya acumula más de dos meses de retardo y sin una fecha cierta de terminación.
–SO Energy: Tiene en ejecución dos centrales de 60 MW cada una en Río Tercero (Córdoba) y Salto (Buenos Aires) que debieron ingresar al sistema el 28 de febrero pasado. Pero, por retrasos en las obras, los ensayos y pruebas de cargas están demorados hasta fines de abril.
–Methax: Se trata del proyecto que llevan adelante las firmas Galileo, Proenergy, Tecnored y la estatal mendoncina EMESA para instalar una usina de 40 MW en Anchoris. Su habilitación comercial programada para el 31 de marzo quedó postergada hasta mayo.
Si bien las empresas argumentan que los atrasos se deben a cuestiones climáticas y operativas, lo cierto es que los verdaderos motivos de los incumplimientos radicarían, entre otras, en las siguientes cuestiones: problemas de financiamiento, inadecuada planificación de los trabajos, cortocircuitos con la Aduana por la importación y nacionalización de las máquinas y demoras en la obtención de los permisos ambientales y municipales para las obras.
Los atrasos en la habilitación de las centrales ya han disparado la acumulación de fuertes penalizaciones que ascienden, en total, a 75 millones de dólares.
Pero más allá de las sanciones que prevén los contratos, entre los funcionarios de Energía que intervienen en el tema han surgido marcadas diferencias con respecto a las medidas que se deberían tomar.
Los técnicos de la CAMMESA -la administradora estatal del mercado eléctrico que adjudicó los contratos- son partidarios de aplicar los convenios al pie de la letra y cobrar todas las multas e intereses que correspondan.
En cambio, desde la Secretaría de Sruoga serían más proclives a morigerar las penalidades y a extender en el tiempo el cobro de las multas a las empresas en falta.
Publicado en Informador Público
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