10/07/17

Las entidades ambientalistas en pie de guerra por el aval de Bergman y Aranguren a las represas santacruceñas

por Antonio Rossi


A modo de anticipo de lo que será la dura postura que llevarán a la audiencia pública en el Congreso prevista, en principio, para el 20 de julio; el grupo de entidades ambientalistas que se oponen a las represas santacruceñas salió a cuestionar severamente el accionar de los ministros de Ambiente, Sergio Bergman y de Energía, Juan José Aranguren y advirtió sobre la falta de idoneidad de los técnicos oficiales que realizaron los nuevos estudios de impacto ambiental para justificar la megaobra hidroeléctrica.

Tras haber confiado en las promesas iniciales que Bergman les hizo en las primeras semanas de la administración macrista sobre la suspensión del proyecto de las represas, las asociaciones ecologistas se encuentran ahora muy disgustadas con la Casa Rosada y no descartan seguir la pelea legal con nuevas demandas en los tribunales.

La “Coalición Río Santa Cruz Sin Represas” -que integrada por las entidades Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina- denunció que los nuevos estudios ambientales presentan marcadas “inconsistencias técnicas” y que el principal funcionario que llevó adelante esos estudios habría violado la ley de ética pública por haber sido anteriormente el titular de una consultora privada que promovió activamente la concreción de las obras.

Según destacaron los integrantes de la Coalición, en el informe oficial que aprueba la factibilidad de las obras sobresalen tanto las “inconsistencias técnicas”, como la “falta de información y de estudios que avalen la decisión adoptada, cuestión que ha sido señalada por los diversos organismos técnicos del Estado que intervinieron en el mismo como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) y el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES)”.

Además precisaron que el máximo responsable del estudio es el titular de la empresa estatal EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.) y actual Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, quien antes de asumir como funcionario público en diciembre de 2015, fue uno de los principales consultores privados que impulsó la construcción de las represas.

“Marcolini ha sido quien tuvo a su cargo la elaboración del documento técnico de Evaluación de Impacto Ambiental que el ministerio de Energía y su área específica terminaron aprobando. El hecho de haber sido un directo promotor de la construcción de las represas no sólo implicaría una violación a la Ley de Ética Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino que además le impedía intervenir en el análisis de riesgos de las represas por configurarse en su caso un serio conflicto de intereses públicos y privados”, advirtieron las entidades ambientalistas.

“Más allá de esta situación que deslegitima la legalidad del estudio, el gobierno nacional se ha empeñado en destacar que el proyecto actual de las represas no producirá daños sobre el Glaciar Perito Moreno, dado que las modificaciones incorporadas, no generarán acoples entre el espejo de agua de la represa Kirchner con el Lago Argentino. Pero esa afirmación no ha sido refrendada por el IANIGLIA quien sugiere la necesidad de realizar estudios complementarios dado que los análisis incorporados son de carácter muy general”, resaltó el documento de la Coalición.

Agregó que “varias de las medidas de mitigación propuestas son cuando menos “dudosas” y de ninguna manera es posible “compensar” el daño irreversible sobre un ecosistema irremplazable”.

Tal es el caso del Macá Tobiano, especie endémica en peligro crítico de extinción (según la UICN) que goza de la máxima protección por haber sido declarada monumento natural provincial. Cualquier acción de “mitigación” o “compensatoria” en el área reproductiva del Macá Tobiano es insuficiente, ya que el ciclo de vida de la especie transcurre en dos biomas bien diferenciados. Es decir, por más que se proteja en su totalidad el área de ocupación estival, si se destruye el área de invernada la especie no sobrevivirá.

Según apuntó el Director Ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas “es evidente la falta de idoneidad en los técnicos ya que incluso muchos trabajos de campo fueron realizados durante épocas inapropiadas del año como para tener un verdadero diagnóstico de riesgos. Por ejemplo, los trabajos de evaluación en el estuario, fueron realizados en momentos cuando toda la población del macá tobiano se encuentra nidificando en las lagunas del oeste de la provincia. Tales trabajos no pueden ser trasladados a la etapa de monitoreos”.

Para la Coalición ambientalista uno de los puntos más graves es que el propio estudio reconoce que la información de la biología y ecología sobre varias especies “es todavía incompleta en varios aspectos para responder a los numerosos interrogantes que plantea la instalación de las presas”.

Publicado en Informador Público