Temeroso de que la información que liberarán en los próximos días los estamentos judiciales de EEUU y Brasil comprometan a Iecsa -la ex compañía de la familia Macri que en marzo pasó sorpresivamente a manos del empresario oficialista Marcelo Mindlin- y a su socia italiana Ghella -la nueva líder del consorcio adjudicatorio de la megaobra-, el Gobierno salió a abrir el paraguas con una jugada que apunta a preservar el polémico contrato del soterramiento y descargar todas las culpas en los ex funcionarios K y la empresa brasileña Odebrecht.
A 18 meses de haber iniciado la obra con la asignación de un presupuesto de 3.000 millones de dólares, la administración macrista decidió ahora de manera insólita crear una “comisión investigadora” para determinar si se registraron irregularidades y distorsiones de precios en la adjudicación y puesta en marcha del soterramiento de la línea Sarmiento.
Más allá de que el “relato oficial” difundido por los medios afines al Gobierno mostró esta medida como una nueva ofensiva contra Odebrecht, el verdadero objetivo que tendrá el “Equipo de Trabajo” que conformó el ministro de Transporte Guillermo Dietrich por medio de la resolución 413 sería “blindar” el contrato de los embates opositores que reclaman su rescisión y proteger los multimillonarios pagos de las obras que irán a parar a la cajas de Ghella -histórica socia de los Macri- y de SACDE, la sucesora de Iecsa que controla Marcelo Mindlin.
Con esa comisión, la cartera de Transporte buscará desviar toda la atención hacia los directivos corruptos de Odebrecht que ya confesaron ante los estrados judiciales de Brasil y EE.UU. haber pagado coimas por la obra del soterramiento.
Si bien todo indica que Odebrecht sobornó a ex funcionarios K., lo que el Gobierno quiere evitar a toda costa es que se ponga sobre el tapete que desde mediados de la década pasada y hasta 2012, las empresas que llevaron las riendas del consorcio adjudicatario del soterramiento fueron Iecsa y Ghella.
Y si durante ese período hubo pago de coimas como muchos creen, las que habrían desembolsado esas coimas no fueron otras que Iecsa y Ghella en representación del grupo constructor.
En esa época -donde Odebrecht era un socio minoritario- las figuras relevantes del consorcio fueron Angelo Calcaterra -el primo hermano del presidente Macri- y Javier Sánchez Caballero, el gerente general de Iecsa y asesor de Franco Macri.
En tanto, en el caso de Mindlin lo que le interesa al Gobierno es mantener el contrato de la obra en pie para que no se vea afectado el monto de la venta de Iecsa.
Si el contrato del soterramiento se cae, el valor final que tiene que terminar de pagar Mindlin por la transferencia de Iecsa se reduciría sensiblemente y dejaría de ser un gran negocio para Calcaterra y el grupo Macri.
Además existe otro dato relevante que el ministerio de Dietrich quiere silenciar. Se trata de valor final de la primera etapa del soterramiento que la administración macrista convalidó rápidamente en sus primeras semanas de gestión.
Le reconoció al consorcio un presupuesto actualizado de 3.000 millones de dólares, pese a que un informe del ex titular de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Ernesto Selzer -que fue ratificado en marzo en Tribunales- había advertido que ese monto tenía un sobreprecio del orden de los 1.000 millones de dólares.
Para justificar la sorpresiva creación de la nueva “comisión investigadora”, Dietrich consignó que obedece a un pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación “en virtud de la actividad que está llevando adelante con relación a Odebrecht que tiene por fin determinar la existencia de cualquier daño que pudiera haber sufrido el Estado Nacional, derivado de los hechos que son de público conocimiento y objeto de investigaciones tanto en sede judicial como administrativa”.
Agregó que también se tuvo en cuenta “la importancia y magnitud de la obra en cuestión, en tanto implica una mejora en la frecuencia de la prestación del servicio, como así también en la seguridad para los pasajeros y la calidad de vida de los vecinos y todos aquellos que deben atravesar el corredor ferroviario Caballito- Moreno de la línea Sarmiento”.
Tras cartón, la resolución 413 destacó que “resulta necesaria la prosecución de la ejecución del contrato de obra pública en cuestión en tanto tiende a satisfacer los objetivos de bien común en beneficio de la prestación del servicio público de transporte”.
En su parte resolutiva, la norma que lleva la firma de Dietrich dispone la creación del denominado “Equipo de Trabajo de relevamiento del Contrato de Obra Pública Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Sarmiento”.
El equipo investigador estará integrado por cinco funcionarios de la cartera de Transporte que serán asistidos por dos representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Las funciones asignadas al “Equipo” y que a priori van camino a superponerse con las tareas investigativas que llevan adelante los fiscales que intervienen en las causas abiertas contra Odebrecht serán las siguientes:
–Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten.
–Comprobar la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales.
–Elevar al ministerio de Transporte un informe con el detalle de los avances en el plan de trabajo y un reporte final en el que se exponga el resultado del relevamiento y revisión del contrato.
Publicado en Informador Público
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