Tras haber unificado las causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA; el juez federal, Claudio Bonadío se apresta a avanzar con otra altisonante investigación por los sobreprecios que habría pagado la administración kirchnerista en las millonarias importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que tuvieron lugar entre 2008 y 2015.
En este caso, los principales apuntados por el magistrado son el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y el ex Secretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta; quienes fueron citados a declaración indagatoria junto con otras 23 personas bajo el grado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Penal.
Bonadío resolvió los llamados a indagatorias sobre la base de una insólita y polémica pericia técnica-contable que no solo deja malparados a los ex funcionarios K, sino también a la actual gestión macrista.
Según la cuestionada metodología que aplicó el perito convocado por el juez, durante el período kirchnerista se habría registrado un sobreprecio de 6.900 millones de dólares en las compras externas de gas por barco que llevó adelante la empresa estatal Enarsa.
Pero si esos mismos parámetros periciales se aplican a las importaciones de GNL que concretaron los funcionarios macristas desde diciembre de 2015 hasta ahora, los sobreprecios—lejos de desaparecer—se mantendrían vigentes y ya llegarían a los 2.500 millones de dólares, según calcularon los técnicos y letrados de los ex funcionarios.
La causa en juego había arrancado en 2014 por impulso del fiscal, Carlos Stornelli para investigar "las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural" que habían sido planteadas en tres denuncias diferentes: dos de un abogado particular y otra por los entonces legisladores opositores del PRO, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso.
Tras efectuar una serie de allanamientos y acumular una voluminosa documentación, Bonadío decidió convocar a principios de año al titular del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial (CPII), David Cohen para que analice los contratos y pruebas y determine si hubo o no sobreprecios en las compras de GNL.
El informe final del Ingeniero Cohen fue entregado al juzgado a principios de agosto y de inmediato los abogados de los ex funcionarios K. salieron a impugnar la pericia por carecer de rigor técnico y arrojar resultados totalmente sesgados y falsos.
En la impugnación formal presentada Bonadío, los letrados plantearon los siguientes cuestionamientos:
--El trabajo fue armado sobre la base de “copiar y pegar” descripciones y análisis de diarios y páginas de internet como Wikipedia y “Rincón del Vago”, sin citar ninguna fuente y utilizando información errónea y desactualizada.
--Tomó una estructura de costos y gastos operativos de GNL que corresponden al mercado de Chile y que figuran en un análisis efectuado por estudiantes y técnicos universitarios de ese país.
--Calculó un precio promedio anual del GNL basado en un indicador global del sector sin tener en cuenta los fletes hasta Argentina y las bruscas oscilaciones que tuvieron los valores del combustible en el mercado mundial tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011.
--Según las cuentas del perito, la diferencia que se habría pagado de más por las compras de GNL entre 2008 y 2015 sería de 6.900 millones de dólares. Con esas mismas referencias y metodología, en las importaciones de gas por barco que concretó en los últimos 20 meses la gestión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, los sobreprecios desembolsados ya alcanzarían a 2.500 millones de dólares.
Junto con De Vido y Baratta, los que tienen que desfilar por el juzgado de Bonadío a partir de esta semana y hasta los primeros días de octubre son ex autoridades y gerentes de Enarsa, ejecutivos de YPF, un ex ministro de Carlos Menem, un ex secretario de Energía, el responsable de la agencia marítima que intervino en la operatoria de los barcos y referentes de “La Cámpora” que ocuparon cargos en el área energética.
La lista de los citados está integrada por: Mónica Bisconti, Alexis Zuliani, Haydee Fernández, Martín Busti, Flavia García, Karina González, Nilda Minutti, Jorge O’Donnell, Alejandra Tagle, Roberto Vázquez, Fernando Salim, Tamara Pérez Balda, Gastón Ghioni, José Granero, Juan José Carbajales, Walter Fagyas, Stella Maris Babiloni, Rodolfo Luchetta, Exequiel Espinosa, Jorge Samarín, Roberto Dromi, Nicolás Dromi, Daniel Cameron, Roberto Baratta y Julio De Vido.
Curiosamente, el juez Bonadío dejó al margen a un conjunto significativo de actores privados y ex funcionarios que han tenido una activa y directa participación en las importaciones de GNL.
En primer lugar, no se entiende por qué motivos no aparecen entre los citados los proveedores de GNL (Repsol, GasNatural, British Petroleum, Vitol, Morgan Stanley, Shell y Trafigura, entre otros) que trajeron los barcos al país y que, supuestamente, son los que habrían cobrado los sobreprecios.
Y en el segundo dato que llama la atención es por qué no están incluidos entre los sospechosos el ex titular de YPF, Miguel Galuccio y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quienes fueron los que forzaron la firma del convenio por el cual Enarsa le tuvo que ceder a la petrolera restatizada todas las gestiones de compras y selección de proveedores de GNL a partir de 2013.
Fuente: Transporte y Energía
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país