A medida que pasan los días, el tema se vuelve cada vez más sensible y complejo. Los funcionarios y técnicos involucrados hablan por lo bajo, pero ninguno se anima a reclamar la ejecución de las medidas que corresponden. Y el principal temor que circula en los pasillos del ministerio de Energía y la CAMMESA es que la oposición comience a pedir explicaciones por la inacción oficial y la cuestión termine en manos de la Justicia.
Se trata de las millonarias penalizaciones y multas que la cartera de Energía de Juan José Aranguren tiene que cobrarles a las empresas generadoras que incumplieron los plazos de entrada en servicio de las usinas térmicas que fueron adjudicadas a mediados del año pasado bajo el marco de la resolución 21 con el fin de ampliar la capacidad de generación con contratos a largo plazo y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.
Según un informe que circula en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento Energético que comanda Daniel Redondo, las multas en juego que debe aplicar el Gobierno trepan a 114 millones de dólares.
Pero hasta ahora, tanto las autoridades de la Secretaría de Energía Eléctrica conducida por Alejandro Sruoga, como los responsables de la CAMMESA siguen sin resolver si aplican a rajatablas los términos contractuales y cobran las multas que les corresponden a las empresas incumplidoras o sí sacan una especie de “perdón económico” para reducir y dilatar el pago de las penalidades.
Los contratos derivados de la resolución 21/2016 abarcaron un total de 2.871 MW, los cuales iban a ser incorporados gradualmente al sistema eléctrico en tres momentos clave: el verano 2017, el período invernal 2017 y el verano siguiente de 2018.
Siete de las nueve centrales de generación térmica que estaban programadas para iniciar sus operaciones entre diciembre y junio no pudieron cumplir con los plazos contractuales previstos. Cuatro usinas entraron tarde en servicio y tres aún no lo hicieron y las multas en juego por esos atrasos ya trepan a 114 millones de dólares.
Del paquete total de 810 MW que ya debería estar habilitado comercialmente hay 291 MW -el 35%- que están retrasados y con pronóstico reservado en cuento a su probable ingreso al sistema.
El informe confeccionado por los técnicos de Energía sobre las multas en danza sobre las empresas generadoras expone el siguiente panorama:
–APR Energy: Es la que concentra las mayores multas. Tiene una por 32,7 millones de dólares por haber habilitado 179 días tarde la central Matheu de 215 MW. A eso se suma otra penalidad económica de 15,6 millones de dólares por la usina de 94 MW de Pilar que tenía que terminar para el 27 de enero y que aún sigue en construcción.
–MSU RIO Energy: esta firma del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea arrastraba hasta fines de mayo un atraso de 132 días en la puesta en servicio de la usina bonaerense General Rojo de 138 MW. En este caso, la multa asciende a 20,9 millones de dólares.
–SO Energy: Tenía que haber incorporado al sistema eléctrico dos usinas de 60 MW cada una en Río Tercero (Córdoba) y Salto (Buenos Aires) el pasado 28 de febrero. Una de ellas ingresó con 65 días de demora y acumuló una multa de 11,3 millones de dólares. La otra usina todavía no está terminada y la multa, a fines de mayo, trepaba a 9,5 millones de dólares.
–Methax: Su central térmica de 40 MW localizada en Mendoza ingresó con 71 de retraso lo que disparó una multa de 7,9 millones de dólares.
–Centrales de la Costa: La usina de 88 MW de Mar del Plata de la generadora estatal bonaerense comenzó a operar con 61 días de demora y este caso la sanción económica que debería pagar es de 16,2 millones de dólares.
–Genneia: Se había adjudicado dos centrales de 58 MW cada una en Bragado que fueron habilitadas dentro de los plazos comprometidos. Una de ellas en febrero y la otra a mediados de mayo con varios días de antelación. No obstante, el informe de Energía consigna que tiene una multa pendiente de 2,9 millones de dólares por un desfasaje de 17 días en el debut de la primera usina.
De acuerdo con lo que marca la letra chica de la resolución 21 “las multas corresponden a una garantía equivalente al costo de la potencia declarada por 180 días, pero se cobran acumuladas en los primeros 60 días de la no entrada en servicio. Entre los días 61 y 179, la multa no aumenta y queda fija al monto total de la garantía. Si la central no logró entrar al día 180, se debe proceder a la rescisión del contrato”.
Publicado en Informador Público
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