14/03/16

Las presiones del Gobierno y Galuccio para mantener blindado el contrato con Chevrón

Como fue la estrategia de pinzas de Angelici y una abogada contratada por Galuccio.

Por Antonio Rossi


La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, alineada con el presidente de Boca, Daniel Angelici.

(LPO) - El nuevo obstáculo judicial que ha impedido la difusión de las clausulas y los anexos secretos del acuerdo de inversión vigente entre YPF y Chevron tuvo su origen en un juego de pinzas que desplegaron sobre los tribunales la administración macrista y el titular de la petrolera, Miguel Galuccio.

A la movida que llevó adelante Daniel Angelici -el operador judicial del macrismo y actual presidente de Boca Juniors- que fue duramente cuestionado por Elisa Carrió, se sumó otra realizada en las sombras por una letrada que Galuccio tiene contratada como asesora externa.

Se trata de la abogada Alejandra Zizzias, quien por intermedio de una magistrada amiga logró llegar hasta María Cristina Carrión de Lorenzo, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7, quien con una llamativa medida terminó desvirtuando y frenando el fallo de la Corte Suprema que había ordenado la difusión completa del polémico contrato entre YPF y Chevron.

La abogada Alejandra Zizzias contratada por Galuccio, logró llegar a la jueza Carrión de Lorenzo, para que trabe el fallo de la Corte Suprema que ordena hacer público el contrato con Chevrón.

De acuerdo con fuentes del ámbito tribunalicio que siguen de cerca los vaivenes de la causa que impulsa el diputado nacional Rubén Gustiniani, para que se den a conocer los alcances de la asociación YPF-Chevron, a mediados de febrero Carrión de Lorenzo recibió la visita de la enviada de Galuccio.

La persona que facilitó la llegada de Zizzias al despacho de la jueza que debía que ejecutar la sentencia de la Corte habría sido una amiga en común: la titular del Juzgado Número 3 del mismo fuero Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal.

Según parece, la asesora de YPF le planteó a Carrión de Lorenzo que era “necesario y conveniente” para la empresa y el gobierno no quebrar la confidencialidad del acuerdo.

Además, le anticipó que la petrolera piloteada por Galuccio iba a enviar una versión testada y tachada para poder proteger los “datos sensibles y estratégicos”.

Unos días después, Carrión de Lorenzo recibió una copia parcial del contrato que fue acompañada de un escrito en el cual YPF volvió a plantear una serie de fundamentos para que no salgan a la luz las adendas y los anexos considerados como “secretos industriales y comerciales”.

Pese a que esos argumentos ya habían sido desechados por la Corte cuando dispuso la entrega de la totalidad del contrato sin hacer ninguna distinción sobre las denominadas “clausulas secretas”, la jueza decidió insólitamente correrle “traslado” a Gustiniani para que opine sobre el asunto.

Con esa jugada, Carrión de Lorenzo le dio “sustento” al planteo de YPF y abrió lo que procesalmente se conoce como “incidente de ejecución” que va camino a planchar la divulgación del contrato durante varios meses.

Tras haber recibido en la contestación de Gustiniani que rechaza el planteo dilatorio de YPF y exige el cumplimiento pleno del fallo de la Corte, ahora la jueza tiene que dictar una resolución que podrá ser apelada por las dos partes en pugna.

Si atiende la postura de YPF e impide la difusión completa del contrato, el que apelará será Gustiniani.

Y si hace cumplir el fallo de la Corte “a rajatabla” con la entrega de todos los capítulos y anexos del acuerdo, entonces la que apelará será YPF.

Cualquier apelación provocará que el caso vuelva a transitar por las distintas escalas judiciales y que desemboque nuevamente en el máximo tribunal un plazo no inferior a un año.

A los pocos de días de que quedara obstaculizado el cumplimiento de la sentencia de la Corte, el gobierno salió a cobijar por dos vías a Carrión de Lorenzo, la jueza que en la causa original ya había fallado a favor de YPF cuando le tocó intervenir en primera instancia.

Por un lado, el presidente Mauricio Macri le aceptó por medio del decreto 430/16 la renuncia al cargo que se hará efectiva a partir del 1 de mayo.

Y por otro lado, entró en juego la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que responde a Angelici y con un bochornoso giro de 180 grados en su posición respecto al cuestionado acuerdo que YPF suscribió con Chevron hace tres años para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

Tras haber criticado duramente antes de las elecciones al kirchnerismo por mantener bajo llave los términos del acuerdo, ahora la ex legisladora dio su aval para que permanezcan en secreto las partes más sensibles del contrato que, entre otras perlitas, habría incluido transacciones y aperturas de cuentas en paraísos fiscales a cargo de ejecutivos de YPF sin ninguna clase de fiscalización.