Por Antonio Rossi
( LPO) - Hasta ahora, la consulta pública de la primera licitación de generación de energía eléctrica de fuentes renovables venía registrando para el Gobierno un escenario casi idílico con loas y apoyos de las grandes empresas y las consultoras allegadas a los funcionarios del ministerio de Energía.
Pero en la última semana y en medio de la ofensiva de las provincias por el impacto del tarifazo de gas y luz, ese clima optimista se alteró de manera significativa con la aparición de un abanico de voces que salieron a cuestionar el “modelo” de incorporación de usinas renovables y a reclamar cambios esenciales en el borrador de pliego que las autoridades sacaron a la calle.
La Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), ADIMRA, el gremio de la UOM, el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, el Instituto de Políticas para el Sector Energético (IPSE), la Cámara Argentina de Energía Renovable (CADER) y la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) expresaron --por distintas vías—las dudas y sospechas que tienen sobre las nuevas reglas de juego que busca imponer el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind.
El relegamiento de los proveedores locales, las excesivas limitaciones que favorecen a las grandes empresas y bloquean la presentación de proyectos de baja escala, la falta de líneas de transmisión para movilizar la nueva generación, la escasa garantía que ofrece la CAMMESA para el pago de los contratos y el amplio margen de discrecionalidad para aceptar y rechazar ofertas que tendrán los funcionarios constituyen los principales cuestionamientos que pusieron sobre el tapete los especialistas, gremialistas y empresarios.
Las objeciones
Tras analizar la versión preliminar del pliego que Kind sometió a consulta pública, los técnicos de Fundelec advirtieron los siguientes problemas:
-La incorporación de los equipos de generación con renovables evidencia una falta de planificación por el lado del sector de transmisión. No están previstas las ampliaciones que se necesitan para poder tener un sistema de potencia con una red mallada y un parque de generación que puedan actuar de reserva rápida para mantener la estabilidad dinámica del sistema.
-La cantidad de requisitos solicitados para poder conectarse a la red son demasiados complicados y exigentes. Sólo podrían ser afrontados por los grandes proyectos, quedando sin chances las iniciativas de pequeña escala y baja capacidad de generación.
-En el caso de generación eólica, se establece una potencia mínima de 1 MW. Esto deja afuera a las pymes que quieran instalar un molino eólico de menos de 1 MW para satisfacer su demanda de renovables que le exigen las normas. Además de cercenarle a las pymes la posibilidad de autogenerar su energía, ésta cláusula le impide, por ejemplo, a un municipio poder desarrollar un esquema propio de renovables para poder abastecer sus luminarias.
-La exigencia de acreditar experiencia en la “construcción y operación de proyectos renovables” deja en posición ventajosa a un reducido número de empresas. A los inversores locales los obliga a tener que asociarse con los grandes proveedores como Siemens, Vestas y GE que su vez también pueden ser oferentes. Además, aparece en escena la figura del “socio estratégico técnico” que lejos de facilitar una mayor participación de empresas locales, promete complicar y encarecer el costo final de los proyectos.
Por su parte, el titular de la UOM, Antonio Caló y los presidentes de Adimra, Gerardo Venutolo y de CIPIBIC, Luis Manini, junto con otros empresarios del sector llevaron sus quejas a la Casa Rosada.
La semana pasada mantuvieron una reunión con el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, a quien le reclamaron que se corrija el mecanismo de adjudicación de las ofertas que se basa sólo en el precio final.
Según plantearon, no se estaría respetando el régimen de “compre nacional” y tampoco se tendría en cuenta el nivel de participación de equipos y componentes locales para beneficiar o penalizar las propuestas los oferentes.
El metalúrgico Caló y directivos de cámaras industriales plantearon a De Andreis, que las licitaciones no están respetando las cláusulas de compre nacional y le advirtieron que si no se modifica podrían ir a la justicia.
La comitiva le anticipó a De Andreis que si Energía no modifica este punto para favorecer el empleo local, las cámaras y el gremio van a presentar un recurso de amparo en la Justicia.
En tanto, el Instituto Argentino de Energía (que preside el ex secretario de Energía y actual director de Enarsa, Jorge Lapeña) y el Instituto de Políticas para el Sector Energético (IPSE) optaron por organizar un “taller de reflexión y propuestas sobre energías renovables”.
Con la presencia de más de 100 personas, en el encuentro se plantearon varias aristas polémicas y una serie de modificaciones al pliego que deberían introducir los funcionarios para que no quede bajo sospecha la primera licitación de generación de fuentes renovables, con la cual la administración macrista espera ampliar la oferta de energía en 1.000 MW con inversiones del orden de los 2.000 millones de dólares
De las exposiciones de Luis Roateche (Coordinador de energías renovables del IAE) y Marcelo Álvarez (presidente de CADER) y los planteos de los asistentes –entre ellos el Director de Energía de Mendoza, Pablo Magistocchi-- surgieron las siguientes conclusiones:
-El modelo elegido es el de grandes parques de generación que sólo pueden ofrecer los principales jugadores del sector a nivel internacional.
-No abre el juego para iniciativas de “generación distribuida renovable” de baja escala que son muy significativas para el interior del país.
-El Gobierno apuesta a cubrir una necesidad puntual y de coyuntura sin tener en cuenta un plan de desarrollo y de transferencia de tecnología que permita la producción local de componentes y equipos de generación.
-Se armó una “cancha” limitada para las grandes empresas que, en teoría, son las que le pueden garantizar a los funcionarios una licitación exitosa con una rápida instalación de equipos importados.
-Se relega la consideración del componente local y sólo se lo ponderará si hay igualdad de ofertas.
-Es un error haber puesto a la CAMMESA como “compradora” de la energía y potencia provenientes de las usinas renovables. Esta empresa estatal no tiene solvencia económica, patrimonio ni recursos propios suficientes para garantizar los pagos.
-El prepliego otorga un excesivo margen de discrecionalidad y arbitrariedad a las autoridades para aceptar y rechazar parcial o totalmente las ofertas, lo cual puede dar lugar a sospechas y favoritismos.
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