Por Antonio Rossi.
Desde hace tres semanas, la administración macrista ha comenzado a focalizar buena parte de su discurso y “relato” en el anuncio de diversos planes de obras públicas y de infraestructura destinados, básicamente, al territorio bonaerense y a las provincias norteñas y cuyanas.
Uno de esos emprendimientos es el denominado “Programa de Viviendas para Trabajadores Sindicalizados” que fue lanzado oficialmente la semana pasada en San Juan por el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio y su colega de Trabajo, Jorge Triaca.
Orientado a calmar los reclamos de los gremios y como una moneda de cambio para negociar un apoyo político de los principales caciques sindicales, el plan de obras impulsado por el secretario de Viviendas, Domingo Amaya quedó en medio de una insólita situación.
En el apuro por darlo a conocer públicamente para contrarrestar las “malas noticias” generadas por las subas de los combustibles y los aumentos de precios, Frigerio y Triaca se olvidaron de avisarle al Banco Nación que había sido sumado al proyecto y que va a tener que cumplir un rol clave en materia de financiación del plan que apunta a construir unas 100.000 viviendas en todo el país.
Los asesores y directores del banco que preside Carlos Melconián se enteraron por los medios que la entidad es una de las patas esenciales del proyecto y que, según el esquema en danza, deberá subsidiar parte del costo de las viviendas y una porción de la tasa de interés de la línea específica de préstamos que está prevista para la ejecución del programa.
Tras tomar nota del anuncio de Interior y Trabajo, los funcionarios del Nación salieron a enfriar el tema con el argumento de que necesitan un tiempo prudencial para analizar y encuadrar las necesidades del programa dentro de la planificación anual que ya tiene trazada la entidad bancaria estatal.
A la desprolijidad y falta de coordinación registrada entre las áreas de Gobierno, se suma otro dato significativo que envuelve al programa de viviendas gremiales.
No se trata de una iniciativa nueva y original del macrismo, sino de una copia actualizada del proyecto que había sido diseñado durante la administración de Cristina Kirchner a mediados de 2011.
El programa –que llevaba la misma denominación que ahora—fue armado entre los funcionarios del área de Desarrollo Urbano y Vivienda que comandaba el fallecido Luis Bontempo y Ricardo Jury, los técnicos de la CGT de Hugo Moyano y los gerentes del Banco Nación que ese momento manejaba Juan Carlos Fábregas.
Tras varios meses de negociaciones, las tres partes lograron acordar los puntos esenciales del plan sobre la base de una particular asociación entre los gremios y el Estado.
El esquema acordado contemplaba que los sindicatos iban a aportar los predios y terrenos para la construcción de las casas y que el Banco Nación debía subsidiar el costo de las viviendas y parte de los créditos que tomarían los trabajadores.
La devolución de los préstamos estaba garantizada por los gremios mediante el descuento de las cuotas mensuales por las planillas de sueldos hasta un valor equivalente al 30% del salario.
Luego de que varios gremios (entre ellos Camioneros, Bancarios y Sanidad) presentaran las primeras carpetas con terrenos disponibles, el Banco Nación procedió a armar los fideicomisos y la asistencia crediticia que se requería para la puesta en marcha del plan.
A principios de 2012, cuando estaba todo listo para el lanzamiento oficial, estalló la guerra entre Cristina Kirchner y Hugo Moyano.
El programa que venía con viento a favor quedó completamente congelado hasta hace unas semanas en que fue reflotado desde el área de Amaya.
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