Por Antonio Rossi
(LPO) - Sin ser tan masivo y resonante como el recorte instrumentado en el Senado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y mientras perfila las características del bono que se emitirá para las obras adeudadas a las constructoras, el nuevo titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, comenzó a aplicar un ajuste de personal que afecta a su repartición y al Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi).
Con el visto bueno del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y luego de una primera revisión de las plantas de empleados de Vialidad y el ente de control, Iguacel ordenó la poda de unos 300 contratados.
En el caso de Dirección Nacional de Vialidad, la poda del personal con contratos temporarios alcanzó a casi 250 personas, mientras que en el ámbito del Occovi las bajas fueron alrededor de 60.
Tras haber perdido en octubre las elecciones para intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel (que viene con una extensa experiencia como jerárquico en el negocio petrolero en YPF, Pecom y Pluspetrol) fue un actor relevante en el primer acto oficial de Macri cuando el 11 de diciembre arrancó su gestión con la reapertura de las obras de las ruta 8 en Exaltación de la Cruz.
El ajuste iniciado en Vialidad podría ampliarse en los próximos meses. Es por los alcances del decreto 254/2015 que impulsó el ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra y que ordena a todos los ministerios y organismos estatales a revisar en un plazo no mayor a 6 meses los procesos concursales y de selección de personal registrados en los últimos tres años del gobierno kirchnerista.
Según esa norma, las autoridades de Vialidad tienen que “analizar la legalidad” de cada contratación y “el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para los cargos concursados meritando los antecedentes presentados por los postulantes”.
En el caso del Occovi—el ente de control que supo tener un rol relevante y hasta más destacado que la histórica Vialidad en la época de Claudio Uberti, uno de los protagonistas clave del “valijagate” de Antonini Wilson—, la mayor parte de los “ñoquis” habían ingresado de la mano de varios intendentes K de la provincia de Buenos Aires que están en las trazas de las rutas concesionadas con peaje.
Según lo que detectó el nuevo equipo de funcionarios viales, esos empleados iban solo algunas horas a las oficinas regionales del Occovi y se dedicaban casi por completo a realizar tareas políticas para las autoridades municipales.
En el caso del Occovi la mayoría de los ñoquis habrían ingresado de la mano de intedentes kirchneristas, ubicados en la traza de las rutas concesionadas.
Con respecto a los certificados de obras impagos que dejó la anterior conducción K. de Nelson Periotti, la nueva gestión macrista de Vialidad prevé cancelar las deudas acumuladas con un bono en pesos.
De acuerdo con los primeros cálculos, lo que está pendiente de cancelación rondaría los $ 50.000 millones y la idea es pagar esas deudas con un título público que estaría disponible a partir de abril, una vez que se terminen de revisar y acordar los montos en juego.
Tras aceptar esa salida, ahora la atención de las constructoras de obras viales está focalizada en las redeterminaciones de precios y las adecuaciones contractuales que quedaron frenadas desde mediados de 2015.
La falta de actualización de los contratos llevó en muchos casos a la paralización de los proyectos y al incumplimiento de los plazos de obras.
La intención de los nuevos funcionarios es reanudarla mayor cantidad de obras en rutas y autopistas durante el primer trimestre de este año. Pero en el camino se cruzó un escollo inesperado que podría alargar los tiempos para la puesta al día de los contratos.
Se trata de la crítica situación del Indec que llevó al Gobierno a declarar la “emergencia estadística” y a postergar la confección del índice inflacionario y de los principales indicadores de la actividad económica.
Por más que quieran acelerar los expedientes de las redeterminaciones de precios, los funcionarios y empresarios viales tienen que esperar que el Indec vuelva a la normalidad para poder contar con los datos ciertos que permitan compensar la erosión provocada por el avance de la inflación de los últimos años.
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